| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 24, 2023, e113 |
https://doi.org/10.21670/ref.2302113
Colchane. La construcción de una crisis humanitaria en la zona fronteriza del norte de Chile
Colchane. The construction of a humanitarian crisis in the border area of northern Chile
Carolina
Stefonia *
https://orcid.org/0000-0001-6949-2312
Matías
Jaramillob
https://orcid.org/0000-0001-9515-0076
Aline
Bravoc
https://orcid.org/0000-0003-3854-4452
Gustavo
Macaya-Aguirred
https://orcid.org/0000-0001-6377-2858
a Universidad de Tarapacá, Facultad de Ciencias Sociales, Santiago, Chile, correo electrónico: cstefoni@gmail.com
b Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, estudiante de doctorado doble mención ciencias sociales Universidad de Chile y doctorado en sociología Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago, Chile, correo electrónico: matijaramillorojas@gmail.com
c Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, Santiago, Chile, correo electrónico: abravosandoval@gmail.com
d Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Ciencias Sociales, estudiante de doctorado en sociología, Santiago, Chile, correo electrónico: gmacaya@uahurtado.cl
* Autora para correspondencia: Carolina Stefoni. Correo electrónico: cstefoni@gmail.com
Recibido el
25
de
febrero
de
2022.
Aceptado el
30
de
enero
de
2023.
Publicado el 13 de febrero de 2023.
| CÓMO CITAR: Stefoni, C., Jaramillo, M., Bravo, A. & Macaya-Aguirre, G. (2023). Colchane. La construcción de una crisis humanitaria en la zona fronteriza del norte de Chile [Colchane. The construction of a humanitarian crisis in the border area of northern Chile]. Estudios Fronterizos, 24, e113. https://doi.org/10.21670/ref.2302113 |
Resumen:
El objetivo del artículo es analizar la dualidad que existe en cómo los Estados abordan la actual migración venezolana entre la perspectiva humanitarista y la securitista. A partir de la definición de la migración venezolana como “crisis” y desplazamiento forzado resulta el incremento de medidas más restrictivas y de control fronterizo, el aumento del ingreso irregular y acciones que brindan ayuda humanitaria a quienes se encuentran en condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, sin resolver la irregularidad ni las consecuencias que tiene esta situación en las personas que llegan a Chile. El artículo toma el caso de la frontera entre Chile y Bolivia y el incremento de ingresos por pasos no habilitados en el cruce de Colchane, se basa en resultados de dos investigaciones llevadas a cabo durante 2021, una por medio de entrevistas cualitativas y observaciones de campo, y otra de los resultados de una encuesta y observaciones de campo.
Palabras claves:
frontera,
desplazamiento forzado,
refugio,
crisis humanitaria,
migraciones,
border.
Abstract:
The purpose of this article is to analyze the duality that exists in how the States approach the current Venezuelan migration in the region between the humanitarian perspective and the securitist perspective. From the definition of Venezuelan migration as a “crisis” and forced displacement the result is the increase in more restrictive border control measures, the increase in irregular entry and humanitarian aid to those who are in extremely precarious and vulnerable conditions, unresolving irregularity or the consequences that this situation has on people who arrive to Chile. The article takes the case of the border between Chile and Bolivia and the increase of unauthorized crossings at the Colchane border and is based on the results of two investigations carried out during 2021, the first based on qualitative interviews and field observations, and the second based on survey results and field observation.
Keywords:
border,
forced displacement,
refugee,
humanitarian crisis,
migration.
Introducción
El sábado 13 de noviembre de 2021 llegamos al campamento transitorio ubicado en el complejo fronterizo de Colchane, en la frontera norte de Chile con Bolivia. Nos encontrábamos realizando un levantamiento de información para la agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para identificar las necesidades humanitarias de la población venezolana que ingresa por pasos no habilitados al país. En julio de ese mismo año, cuatro meses antes, habíamos ido al mismo lugar en el marco de un proyecto de investigación sobre migración venezolana en América del Sur. Entre la primera y la segunda visita las cosas habían cambiado bastante en términos de infraestructura, presencia de actores y dispositivos existentes. Lo único que no había cambiado era el flujo de personas que ingresaban de manera irregular al país por uno de los pasos fronterizos más complejos del Cono Sur.
Durante nuestra primera visita nos encontramos con tres distintos tipos de ingreso, todos ellos por pasos no habilitados producto del cierre de fronteras por la COVID-19. El primero correspondía a personas que tenían contratado el servicio de ingreso desde su lugar de origen o contaban con recursos para contratarlo desde el lado boliviano. Ellos y ellas eran guiados por un pasador a través de los bofedales y luego, en el lado chileno, tomaban un transporte (minibus clandestino) que los llevaba hasta el lugar de destino. El segundo grupo era conformado por personas que habían sido detenidas por las autoridades locales al cruzar de manera irregular o bien personas que no podían seguir camino a pie por problemas de salud. Estas personas eran trasladadas al cuartel de policía en Colchane. Allí se les tomaba declaración y luego eran llevados a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar una autodenuncia por ingreso por paso no habilitado. Hecha la autodenuncia, podían tomar un bus dispuesto por las autoridades sanitarias para ser trasladados a Iquique, ciudad capital de la Región de Tarapacá, donde eran ubicados en residencias sanitarias para realizar las cuarentenas requeridas durante la pandemia.
El tercer grupo lo integraban personas que encontramos en la carretera y que iban caminando desde el paso fronterizo de Colchane hasta la ciudad de Iquique. Caminaban por una carretera de aproximadamente 200 km que va desde la cordillera al mar, cruzando el altiplano y la pampa por una zona geográfica extremadamente seca, con altas temperaturas durante el día y mínimas bajo cero en las noches. Esta alternativa la utilizaban quienes no contaban con recursos para comprar un pasaje. Muchos caminaban con niños pequeños, en grupos de cuatro o más personas, con los labios secos por el sol y con ropa no apta para resistir las duras condiciones geográficas y climáticas.
En nuestra primera visita pudimos conversar con un grupo de personas que habían sido detenidas. La PDI había detenido a un bus que estaba ingresando de manera irregular a más de 20 personas. Cuando llegamos al cuartel, la policía estaba tomando declaraciones, registrando la presencia de niños y niñas menores de edad y enviándolos al consultorio de salud para un chequeo preliminar. Luego, debían firmar la autodenuncia, documento que los habilitaba para abordar el bus a Iquique. Las mujeres se encontraban en una pequeña sala esperando a dar su declaración. Estaban muy cansadas y muchas en estado de shock y con temor a ser deportadas. Una de ellas, una mujer abogada de unos 50 años que tenía a su hija en Chile, nos relató con la mirada desenfocada que pensó que iba a morir en ese último trayecto. Ella se había caído al agua, había perdido sus zapatos y tuvo que seguir caminando a pesar de no tener las fuerzas para sostenerse en pie.
En la sala había también tres menores de edad. Dos hermanas viajando no acompañadas a la espera de reunirse con su madre en Chile y un menor de 13 años que viajaba a cargo del hermano de la pareja de su madre. El cuidado del niño fue asumido durante todo el trayecto por otras mujeres que viajaban en el grupo, ya que quien estaba a cargo mostró poca destreza en su cuidado. Los oficiales habían dispuesto unas carpas en el patio del cuartel y algunas organizaciones sociales enviaban kits de alimentos que consistían en barras de cereal, sopas en polvo y otros alimentos que no requerían mayor preparación. Los policías nos indicaron que muchas veces ellos compartían su comida con quienes más lo necesitaban (usualmente niños y mujeres). Cuando volvimos al día siguiente, las mujeres nos dijeron que no habían podido dormir en toda la noche por el frío que sintieron.
La situación se estaba haciendo extremadamente crítica. Varias personas habían muerto en este cruce. La fotografía de cientos de personas caminando en las peores condiciones imaginables levantó las alarmas. Sin embargo, el hecho de que estos caminantes tuvieran que ingresar a algunas casas en los pequeños poblados del altiplano, como una medida desesperada para poder sobrevivir, fue lo que llevó finalmente a que las autoridades tomaran algunas medidas.
En nuestro segundo viaje constatamos la apertura de un campamento transitorio al interior del complejo fronterizo de Colchane, financiado por el Gobierno de Chile, cuya función era entregar asistencia humanitaria básica a quienes seguían ingresando por paso no habilitado. El encargado del campamento nos indicó que, según sus estimaciones, aproximadamente la mitad de quienes ingresaban a Chile por paso no habilitado se dirigían al campamento y que el resto tenía comprado el circuito completo hasta sus destinos finales (Iquique u otra ciudad en el centro o sur del país). También había quienes debían llegar por sus propios medios hasta Iquique. El albergue, por lo tanto, reemplazó la asistencia que se entregaba en el cuartel de policía. La diferencia era que ahora se les hacía un test de antígenos para detectar covid, se les ingresaba a una planilla de registro, se les asignaban carpas, se les entregaba un kit de comidas y se habían organizado turnos para la toma de declaraciones, la autodenuncia y el control de salud.
El primer día de nuestra segunda visita llegamos junto a miembros de una organización social que otorgaba asistencia en ruta a quienes caminaban hacia Iquique. Al llegar al complejo fronterizo observamos una larga fila de adultos, niñas y niños en la entrada del complejo, bajo toldos improvisados con ropas y cartones para defenderse del sol durante el día y del fuerte viento de la tarde. Estas personas estaban a la espera de hacerse el test de antígenos antes de ingresar. Después de una espera que podía llevar un par de horas, iban ingresando al campamento provisorio en fila y en grupos de aproximadamente 20 personas. Pasaban por aduana donde revisaban sus pertenencias y luego el personal a cargo registraba sus datos personales, entregaba una manta, algo de alimentación (sopas y barras de cereal) y se les asignaba una carpa numerada a donde debían dirigirse.
A los minutos de haber llegado al complejo, llegó un auto a toda velocidad que se detuvo delante de nosotros. Se bajó una mujer visiblemente afectada, gritaba que su hijo se moría y pedía ayuda. Producto de su desesperación, le era imposible abrir la puerta trasera del auto para bajar al niño. A los pocos minutos llegó una ambulancia con paramédicos quienes abrieron el auto y bajaron al chico de unos 15 años de edad que convulsionaba. De manera intuitiva intentamos sostener a la mujer que estaba a punto de desmayarse y quisimos calmarla para que pudiera subir a la ambulancia y acompañara a su hijo. Todo su cuerpo expresaba el terror de perderlo. Fueron minutos de una desesperación absoluta transformados en una imagen que sintetiza todo el riesgo que implica cruzar esta frontera: una línea demasiado frágil que separa la vida de la muerte. Una suerte de ruleta rusa macabra que juega con el riesgo que toman de manera casi obligada quienes necesitan migrar a Chile. Esta situación muestra el segundo elemento que no había cambiado entre ambas visitas: el mayor control, gestión y organización desplegados para brindar asistencia humanitaria no había disminuido en nada el riesgo que corrían quienes intentaban ingresar al país.
En este artículo se busca reflexionar sobre los cambios experimentados en este complejo fronterizo durante la pandemia y sus efectos en las condiciones de ingreso de personas venezolanas. El trabajo de campo permitió identificar la forma en cómo se fue instalando un sistema de gestión de la migración irregular en un contexto donde la única opción de ingreso era por pasos no habilitados. Se concentra en el caso venezolano a modo de visibilizar cómo las políticas de control implementadas antes de la pandemia y el posterior cierre de las fronteras producto del covid causaron un incremento en el ingreso irregular, profundizando las condiciones de precariedad y vulnerabilidad de las personas que se desplazan a lo largo de Sudamérica.
Los sistemas de control fronterizo son un elemento clave en la configuración de lo que se ha denominado migración en crisis, que se diferencia de la idea de crisis migratoria (Gandini et al., 2019), puesto que determinan formas cada vez más precarias de movilidad. A través de relatos, observaciones y los resultados de la encuesta aplicada se busca demostrar que la implementación de sistemas de gestión migratoria llevada a cabo por los gobiernos no busca resolver la irregularidad, sino apenas administrar su existencia.
A partir de la situación en Colchane y de la mano del discurso crítico sobre humanitarismo, se propone que los conceptos de crisis migratoria y desplazamiento forzado han enmarcado la forma en que el Estado chileno se ha aproximado a la migración venezolana, definiendo desde allí un discurso y una política de control y securitización.
El artículo se organiza de la siguiente manera: la primera sección entrega, a modo de introducción, relatos etnográficos que muestran dos momentos que van dando forma a la gestión de la migración irregular. La segunda aborda los antecedentes metodológicos de los proyectos de investigación en los que se basa este artículo. La tercera presenta una discusión sobre los conceptos de crisis migratoria y desplazamiento forzado en tanto marcos para comprender la dualidad entre aproximación humanitarista y securitaria en la frontera. La cuarta analiza los resultados, divididos en una sección que aborda la política migratoria desde 2018; una descripción de la forma en cómo se gestiona el campamento transitorio, y los resultados de la encuesta donde se da cuenta de la situación que enfrentan las personas con ingreso reciente por paso no habilitado. Ello permite comprender la vulnerabilidad provocada por las medidas implementadas. Por último, en las reflexiones finales se vuelve sobre el argumento central del artículo.
Metodología
Los resultados entregados en este artículo son producto de dos proyectos de investigación. El primero es el proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) cuyo objetivo es comprender las rutas y trayectorias migratorias de las personas venezolanas en América del Sur, con especial énfasis en las condiciones del viaje, sus proyectos, objetivos y procesos de subjetivación. En esta etapa del proyecto se llevó a cabo un levantamiento de información en uno de los pasos fronterizos del norte de Chile (paso Colchane-Pisiga) y en la ciudad de Iquique, donde se realizaron entrevistas en profundidad a 20 personas migrantes venezolanas (en Iquique y Santiago), 18 entrevistas a actores clave, y observación participante en Iquique y Colchane. El trabajo de terreno se realizó entre noviembre y diciembre de 2020 y julio de 2021. La muestra correspondió a personas con ingresos recientes al país (no superior a un año). Se entrevistó además a miembros de colectivos migrantes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de gobiernos locales y funcionarios de organismos internacionales. Todas las entrevistas fueron transcritas y cuentan con un consentimiento informado validado por la institución patrocinante del proyecto. Los nombres de todas y todos los entrevistados fueron reemplazados por pseudónimos.
El segundo proyecto corresponde a un estudio solicitado por la oficina del ACNUR, cuyo objetivo fue identificar las necesidades humanitarias de quienes ingresan por pasos no habilitados. Para ello, se elaboró un cuestionario estandarizado que fue aplicado en noviembre de 2021 a personas que hubiesen ingresado hasta 30 días antes de ser encuestadas. La muestra fue de carácter no representativo. El cuestionario se aplicó a 190 adultos en las comunas de Iquique y Colchane. A su vez, se aplicó una encuesta a 54 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años de edad. Para efectos de este artículo solo se consideraron las encuestas a adultos.
El equipo de investigación que participó en ambos proyectos contó con dos capacitaciones para trabajar en contexto de desplazamiento forzado y situaciones de crisis. La primera capacitación estuvo a cargo de una psicóloga experta en atención a personas refugiadas y migrantes y tuvo como objetivo desarrollar herramientas para responder en caso de que un/a entrevistado/a estuviera en una situación de trauma. La segunda capacitación estuvo a cargo de ACNUR y tuvo como objetivo comprender cómo ACNUR define y reconoce el refugio, junto con sus implicancias y las consideraciones éticas que maneja esta institución en los estudios previos realizados. Se reconoce que la encuesta realizada tiene un sesgo propio del solicitante del estudio (ACNUR) ya que las personas migrantes están familiarizadas con lo que es esta agencia y ello podría haber orientado sus respuestas. Sin embargo, las observaciones en terreno y las entrevistas realizadas en el contexto del primer proyecto dan consistencia a la información recogida a través de distintos instrumentos.
En ambos proyectos las y los investigadores entregaron información en papel sobre organizaciones que prestan ayuda a migrantes, mapas de la ciudad e información relativa a los derechos que poseen en territorio chileno.
Las vigas y cimientos de la crisis: frontera y desplazamiento forzado
La idea de crisis migratoria sitúa a la migración venezolana en un lugar distinto a la migración de carácter más tradicional. La vulnerabilidad y precariedad asociada a este colectivo convive con una criminalización y un discurso antimigrante fuertemente xenófobo. Para abordar la migración venezolana los Estados han navegado entre dos discursos aparentemente contradictorios, pero complementarios en los resultados finales: el discurso humanitarista, por una parte, y el control migratorio por otra. Observar los cambios en el complejo fronterizo de Colchane permite develar la forma en cómo ambos elementos conviven.
Actualmente resulta un lugar común referirse a la crisis migratoria de Venezuela. La Organización de Estados Americanos (OEA) se refiere a ella como “crisis de migrantes y refugiados venezolanos” (OEA, 2021), la Organización Internacional del Trabajo la llama simplemente “crisis migratoria” (OIT, 2021) y el gobierno y los medios de comunicación en Chile se refieren al descontrol total de la frontera norte y a una crisis migratoria que tiene como epicentro diversos conflictos generados con la comunidad local en las ciudades del norte del país.
Diversos autores sostienen que imputar la categoría de crisis a una situación estructural como es la movilidad humana implica otorgar una condición de excepcionalidad a algo que es parte del desarrollo de la vida social e histórica (Nejamkis et al., 2021). Asimismo, cuando una situación particular es descrita y nombrada como crisis migratoria ─como ha sido con el caso venezolano o el sirio en 2015─, ello tiende a ser secundado por políticas de mayor control que utilizan el discurso de crisis para justificar las medidas securitarias que impiden el ingreso (Crawley & Skleparis, 2018; Nawyn, 2019). En paralelo, la idea de crisis puede movilizar también un discurso humanitarista que enfatiza la asistencia hacia sujetos en situaciones de vulnerabilidad extrema, lo que fortalece una construcción apolítica de los sujetos que hacen parte de estas movilidades (Fassin, 2016).
De ahí la importancia de problematizar el concepto de crisis migratoria. De acuerdo con Crawley y Skleparis (2018), Nawyn (2019) y Fitzgerald y Arar (2018) es necesario preguntarse ¿de quién es la crisis? ¿de las personas refugiadas o desplazadas, del gobierno o de la población local? ¿qué es lo que está realmente en crisis? ¿los sujetos que se desplazan o las políticas migratorias? y ¿qué implicancias tiene el hecho de denominar “crisis” a una situación particular?
En efecto, sostenemos que instalar la idea de crisis migratoria habilita a distintos actores a poner en juego la relación entre el discurso humanitarista y la implementación de mayores políticas de control y gestión migratoria. Fassin (2015, 2016) plantea la importancia de reconocer la existencia combinada de políticas del orden y del sufrimiento cuando los Estados abordan a la población migrante y refugiada. Las políticas y medidas son represivas y compasivas a la vez, dando forma a distintos repertorios de acción y discursos de los Estados y de las sociedades nacionales en relación con estos sujetos definidos como vulnerables. Así, la vulnerabilidad definida desde la compasión desmantela la dimensión política del sujeto al reducirlo a un cuerpo cuya sobrevivencia depende de la acción benévola de quien lo define en esos términos. La persona migrante/refugiada queda definida bajo una relación de poder particular puesto que su presencia es posible en tanto mantenga su relación de dependencia a la “ayuda humanitaria”. Toda resistencia que ejerza o exigencia que recuerde su condición de sujeto de derechos es considerada una amenaza que quiebra esta relación.
Por lo tanto, la suspensión de las normas sociales habituales que afectan a migrantes y refugiados, como son la negación total o parcial de sus derechos, así como la existencia de figuras legales ambiguas y estatus transitorios, resultan aceptadas por las sociedades nacionales porque son implementadas sobre sujetos que han sido definidos de antemano como sujetos incompletos, sin derecho a tener derechos. Su condición de riesgo podría despertar eventualmente empatía y compasión, bajo una atención inspirada en las “necesidades humanas” y el “sufrimiento”. En tal sentido, la condición de sujeto vulnerable sería producto de los marcos sociales que las sociedades nacionales y las políticas represivas y compasivas construyen sobre estas vidas no suficientemente garantizadas, al decir de Butler (2010).
En seguimiento a Fassin (2015), la interpretación de esta vulnerabilidad queda abierta a los distintos contextos sociales e históricos en los que se produce. Puede estar acompañada de discursos y manifestaciones xenofóbicas hacia la población migrante, como es en gran parte de los casos, o bien puede generar prácticas y políticas de acogida y protección humanitarista. También puede ser combinada con discursos de criminalización que buscarán anular dicha compasión o relegarla hacia cuerpos definidos como más indefensos como es el caso de niños y niñas, adultos mayores y mujeres. En ese sentido, más que una paradoja, la criminalización por un lado y el humanitarismo por otro parecen ser los componentes de la deshumanización de las personas migrantes y su justificación narrativa de la degradación de sus derechos.
Fronteras y desplazamiento forzado internacional
El desarrollo de los estudios fronterizos ha permitido comprender que los límites que separan a los Estados son construcciones sociales (Balibar, 2010; Brotherton & Kretsedemas, 2018; Vollmer, 2017) y que, en cuanto tales, constituyen un espacio de reproducción del orden social en la medida en que definen quién pertenece y quién no a la comunidad nacional, así como del orden geopolítico y económico global (Balibar, 2010; Mezzadra, 2005). Al enfatizar la dimensión política del Estado nación, los estudios sobre fronteras señalan que frente a la desestabilización que produce el continuo movimiento de personas, los Estados refuerzan las políticas de securitización acentuando la distinción entre migrantes deseados e indeseados (Stefoni Espinoza et al., 2018). El control se dirige hacia estos últimos para dificultar o impedir su ingreso (Bigo, 2015; Brotherton & Kretsedemas, 2018; De Genova, 2018; Domenech, 2020).
De acuerdo con Sørensen y Gammeltoft Hansen (2013) una de las consecuencias de las políticas de securitización es el desarrollo de la “industria de las migraciones” en contextos fronterizos asociada a un incremento de la violencia, mayor inseguridad en las rutas y costos más altos que deben ser solventados por las personas migrantes (Sørensen & Gammeltoft Hansen, 2013). Esta situación permite cuestionar la eficacia de las políticas de control de fronteras y visibiliza los espacios que estas políticas dejan para el desarrollo de un complejo entramado social que articula prácticas legales e ilegales, pequeñas y a gran escala, para trasladar a miles de personas a través de distintos límites territoriales.
En este escenario, la desprotección que experimentan los migrantes al cruzar fronteras crecientemente resguardadas es resultado de su consideración como no ciudadanos por parte de los Estados involucrados y su vulnerabilidad a ser objeto de la industria migratoria. La forma cómo se les categoriza, enuncia y clasifica da una pista importante: transeúntes, ilegales, delincuentes, desplazados internacionales, refugiados, criminales, entre otros. Estas categorías concentran aquello que los Estados temen y rechazan con más determinación, convirtiéndolos en sujetos que quedan fuera de su protección jurídica, meros cuerpos sin derechos, nuda vida al decir de Agamben (2006), que se desplazan a través de ríos, ciudades, selvas, montañas y desiertos. Los dispositivos de control que actúan sobre aquellas personas que han sido categorizados como indeseables (refugiados, ilegales, desplazados) logran despojarlos de sus derechos y de la legitimidad del estar en el territorio, dejándolos en un estatuto de irregularidad de la cual cada vez es más difícil de salir. Y, aun así, ellas y ellos continúan desafiando los límites del Estado nación, atraviesan estas barreras y permanecen como pueden.
La migración forzada, al igual que la denominación de crisis migratoria, abre espacio a la dualidad entre la aproximación humanitarista y la de securitización. Se trata de un movimiento ilegítimo para los Estados, producto de condiciones asociadas usualmente a violencias generalizadas o desastres socio-naturales en los países de origen. Este tipo de movilidad es resistida por los Estados, quienes buscarán evitar su ingreso y en lo posible, evitar la salida desde los territorios en los que se encuentran, pese a reconocer la vulnerabilidad que enfrentan.
Posada (2009) distingue tres subcategorías dentro de este grupo: desplazamiento interno, desplazamiento internacional y refugio. El desplazamiento en América Latina ha estado marcado, desde la década de 1980, por los distintos conflictos armados internos vividos en Centroamérica y el recrudecimiento del conflicto armado colombiano ligado también al crimen organizado y el narcotráfico (Jubilut, 2016; Macaya-Aguirre & Concha de la Carrera, 2020). Estos conflictos obligan a las personas a abandonar sus territorios para buscar un lugar más seguro donde vivir. La mayor parte del desplazamiento ocurre dentro de los límites del Estado nación, por lo que recibe el nombre de desplazamiento interno. En estos casos, existe escasa capacidad del sistema internacional para brindar protección a los derechos humanos de estas personas, bajo el argumento de la soberanía estatal y el principio de no intervención en conflictos internos. Ello muestra los límites del sistema de protección internacional para la protección de los derechos de todas las personas (Posada, 2009). Cuando estas personas cruzan la frontera nacional se habla de desplazamiento forzado internacional, lo que engrosa el conjunto de migrantes indeseados para los Estados.
El refugio, en tanto categoría jurídica del sistema internacional de protección de derechos humanos, permite que un pequeño grupo de esta migración forzada, ilegítima para el Estado, se transforme en legítima bajo el principio de no devolución (Crawley & Skleparis, 2018). En el caso de América Latina, la Declaración de Cartagena (1984) incorpora precisamente condiciones como violencia generalizada y conflictos internos a la definición de refugiados adoptada en la Convención de Ginebra (1951). Cartagena agrega a la definición de Ginebra lo siguiente: “Todas aquellas personas que sientan amenaza contra su vida, su seguridad o su libertad, debido a casos de violencia generalizada, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan causado disturbios del orden público” (ACNUR, 1984).
Sin embargo, pese a que las legislaciones de los Estados han ido incorporando la definición de Cartagena, en la práctica sucede que las crecientes restricciones para solicitar refugio o para ser reconocidos como tales, impiden este reconocimiento (que deviene protección) y los mantiene en la ilegitimidad o en un limbo administrativo a la espera de una resolución a las solicitudes.
Marcogliese (2019), señala que el desplazamiento forzado en América del Sur se ha intensificado de forma exponencial desde mediados de la década de 2000, sobre todo a partir de 2010 con el conflicto armado en Colombia y la actual situación en Venezuela ─que ha generado la emigración de más de siete millones de personas (R4V Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, 2022).
El desplazamiento forzado internacional es un tipo de movilidad complejo. Los Estados evitan el reconocimiento de refugio por lo que devienen en calidad de migrantes no deseados. Una serie de medidas, políticas, discursos e imágenes los transforman en sujetos desprovistos de derechos, rechazados y excluidos. Sus esfuerzos por llegar a lo que se piensa es un país más seguro contrasta con la serie de políticas que buscan frenar su ingreso y criminalizar su presencia (Dufraix Tapia & Quinteros Rojas, 2017; Liberona Concha, 2015; Liberona Concha & López San Francisco, 2018; Liberona Concha et al., 2021).
A continuación, se analiza cómo las medidas implementadas en Chile, desde 2018 en adelante, han buscado precisamente mantener fuera de las fronteras a determinados grupos de personas migrantes, lo que acentúa su indeseabilidad. Como contrapartida, estas mismas medidas han dejado en claro cuál es la migración deseada y aceptada. Más adelante se analiza cómo las medidas implementadas en Colchane buscaron gestionar la irregularidad que provocan estas políticas, y profundizan la crítica situación humanitaria en la que los migrantes llegan al país.
Resultados
Política migratoria en chile: de la seguridad nacional al cierre fronterizo de los no deseados
La política migratoria en Chile durante los últimos 50 años tiene cierta continuidad en términos de las restricciones del ingreso, con un vuelco importante a partir de 2018. En ese año, el presidente Piñera (2018-2022) delineó lo que sería su política migratoria centrada en el fortalecimiento de las restricciones al ingreso (Vásquez et al., 2021).
Thayer Correa, Durán Migliardi y colaboradores (2020) distinguen tres etapas en la política migratoria de los últimos años. La primera se sitúa entre 1992 y 2004 y ha sido definida como la “política de la no política” (Stefoni, 2011), es decir, un periodo en donde la gobernabilidad migratoria se llevó a cabo utilizando el Decreto Ley 1094, sin grandes cambios a la normativa. Algunas de las medidas implementadas fueron el proceso de regularización migratoria, la creación de la categoría de residente de zona fronteriza para habitantes de localidades fronterizas y la ratificación del principio de no devolución en la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, en 1996. La segunda etapa la ubican entre 2005 y 2017 y comprende a los gobiernos de Lagos, primer y segundo gobierno de Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y primer gobierno de Piñera (2010-2014). Esta etapa se caracterizó por el incremento significativo de las acciones del Estado tanto a nivel central como local, sin embargo, muchas de estas medidas presentaron un bajo nivel de institucionalización. En este periodo destacan una serie de iniciativas llevadas a cabo por los propios gobiernos locales, como fue la apertura de oficinas migrantes en diversos municipios del país (Thayer Correa, Stang & Dilla Rodríguez, 2020) y la elaboración del Instructivo Presidencial Nº 5 (5 noviembre de 2015) en donde se establecieron los Lineamientos para una Política Migratoria, que señalan que era deber del Estado aplicar en su actuación los estándares de derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. La tercera etapa inicia con el ingreso de un nuevo proyecto de ley de migraciones y la implementación más tarde de una serie de medidas llevadas a cabo durante el segundo gobierno de Piñera (2018-2022), entre las que destacan (Stefoni et al., 2021):
- Reformulación del sistema de visados para privilegiar la migración calificada. Se eliminó la visa por motivos laborales creada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet1 y se crearon nuevas visas, que debían ser solicitadas desde el lugar de origen: una Visa Temporaria de Oportunidades, que otorga un permiso para residir y trabajar por un año, prorrogable a otros 12 meses; una Visa Temporaria de Orientación Internacional para personas con posgrados en alguna de las universidades más prestigiosas del mundo; una Visa Temporaria de Orientación Nacional posible de solicitar en Chile y que será otorgada automáticamente a migrantes que obtengan posgrado en universidades chilenas acreditadas. Estas visas, que guardan poca relación con el perfil de personas migrantes que ingresan diariamente a Chile, comenzaron a regir a partir del 1 de agosto de 2018.
- Exigencia de un visado consular de turismo simple por un periodo máximo de 30 días a ciudadanos haitianos. Se estableció un visado humanitario de reunificación familiar con un tope de 10 000 visas al año para personas haitianas, también de carácter consular.
- Solicitud de visa consular de turismo a personas venezolanas (junio de 2019).
- Creación de la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para venezolanos que debía ser solicitada desde Venezuela u otro país en el que la persona que la solicita se encuentre viviendo en situación regular. El 11 de noviembre de 2020 se suspendió esta visa y el 4 de octubre de 2021 se actualizaron los requisitos para su solicitud. Actualmente se trata de una visa de residencia temporaria de duración de un año (prorrogable) que permite residir y trabajar a nacionales de Venezuela que tengan familiares con permanencia definitiva aprobada, en trámite o con visa de residencia con al menos seis meses de vigencia.
- Implementación de un plan humanitario de regreso ordenado para nacionales de Haití y de Venezuela
- La modificación del reglamento de la Ley 21.430 (refugio) respecto a la admisión a trámite de las solicitudes de refugio (2022).
Finalmente, la frontera se cerró el 13 de marzo 2020 producto de la crisis sanitaria.
Ciertamente, la imposición de visas consulares actuó como un mecanismo que, en busca de limitar el ingreso al país, produjo como consecuencia inmediata el incremento de ingresos irregulares, debido a: 1) las dificultades que implican su solicitud; y, 2) los tiempos de demora para su revisión y las respuestas a estas solicitudes. En el primer caso, las visas deben ser tramitadas desde los consulados, lo que dificulta a quienes no viven en las ciudades principales. Se implementó un sistema en línea para subir los documentos, pero la plataforma no es suficientemente clara para responder a cientos de preguntas de los solicitantes. Al no haber un debido acompañamiento que permita resolver dichas dudas, muchas de las solicitudes son rechazadas por falta de documentos o documentos con errores.
La Tabla 1 analiza el porcentaje de aquellas visas específicas para venezolanos y haitianos que han sido entregadas y rechazadas. En el caso de la VRD solo se había otorgado 14% del total de solicitudes, 11% en visa de turismo para venezolanos, 12% en visas de turismo para haitianos, y 84% para las visas de reunificación familiar de haitianos, aunque aquí es importante señalar que hubo solo 352 solicitudes en 3 años y 5 meses.
| Tabla 1. Situación administrativa de las solicitudes de principales visas consulares instauradas desde abril de 2018 hasta septiembre de 2021 | ||||||||
| Visa de responsabilidad democrática (personas venezolanas) | Visas de reunificación familiar (personas haitianas) | Visas consulares de turismo personas venezolanas (hasta junio de 2019) | Visas consulares de turismo a personas haitianas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |
| Rechazadas | 387.251 | 86% | 352 | 13% | 87.738 | 88% | 4.394 | 87% |
| En trámite | 3.197 | 1% | 91 | 3% | 692 | 1% | 41 | 1% |
| Otorgadas | 61.474 | 14% | 2.355 | 84% | 11.311 | 11% | 607 | 12% |
| Total solicitudes | 451.922 | 100% | 2.798 | 100% | 99.741 | 100% | 5.042 | 100% |
| Fuente: Servicio Jesuita a Migrantes. Migración en Chile. Análisis con base en información solicitada por transparencia a Subsecretaría de Relaciones Exteriores | ||||||||
En lo que respecta al refugio, la situación es aún más crítica. Chile cuenta con una Ley de Refugio (Nº 20.430) que responde a los estándares internacionales (González & Palacios, 2013; Olea, 2012) y que entró en funcionamiento junto con su reglamento en 2010. Sin embargo, al revisar las cifras sobre solicitudes y otorgamiento de refugio, la situación es preocupante. La Figura 1 muestra que el reconocimiento de refugio ha sido extremadamente bajo, independientemente del incremento de las solicitudes.
| Figura 1:. Solicitudes y aceptación de visas de refugio en Chile 2010-2020 |
| Fuente: elaboración propia con base en información de “Minuta Refugio 2010-2020” del DEM |
El gráfico de la Figura 1 indica que el número de solicitudes concedidas no varía significativamente en los últimos años, a excepción de 2019 y 2020, donde cae a 30 y 7 casos, respectivamente. Sin embargo, hay una abrupta caída de solicitudes en 2018, cuya razón no es la disminución de personas que solicitan refugio, sino las dificultades para que estas personas puedan solicitarlo en Chile. Vargas apunta a la arbitrariedad que se produce en la formalización de la solicitud, ya que son los funcionarios los que deciden a quien se entrega el formulario y a quien no. Este espacio al principio era de carácter más bien informal (se hacían preguntas para ver si la persona era elegible para solicitar refugio), pero más tarde se formalizó a través de una entrevista de preadmisibilidad que hoy día es un gran filtro para solicitar refugio (Vargas, 2019 en Stefoni et al., 2021).
Estos datos dan cuenta de cómo la gestión administrativa de la migración se transforma en un poderoso instrumento de la política para evitar el ingreso regular con la consecuencia inmediata del incremento de ingreso irregular.
Colchane ¿de qué crisis hablamos?
La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, 2022) calcula que al 2022 habría un poco más de siete millones de venezolanos viviendo fuera de su país de origen, de los cuales cerca de 80% reside en algún país de la región. En Chile se calcula que viven aproximadamente 560 000 venezolanos, lo que lo convierte en el cuarto país de destino de esta población, después de Colombia, Perú y Ecuador (R4V Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela, 2022).
El incremento de las restricciones migratorias iniciado en 2018 junto con el cierre de fronteras producto del covid en 2020 provocaron un aumento sin precedentes de ingresos por paso no habilitado. De acuerdo con información recogida por el Servicio Jesuita a Migrantes, el número total de ingresos por pasos no habilitados escaló de 1 779 en 2015 a 6 310 en 2018; 8 048 en 2019; 16 848 en 2020; y, 43 541 en 2021.2
En el último periodo, la mayoría de los ingresos por pasos no habilitados se concentran en el paso Colchane, en la frontera norte de Chile con Bolivia. Este paso fronterizo se ubica en el norte grande del país, en la provincia del Tamarugal, en la región de Tarapacá, a 3 650 msnm (Figura 2) y se caracteriza por tener condiciones climáticas extremas. En los meses de verano (enero y febrero) se presentan grandes lluvias, fenómeno climático conocido en Chile como “el invierno altiplánico”.
| Figura 2. Mapa de la frontera norte de Chile |
| Fuente: elaborado por Beatriz Seguel para el Proyecto Fondecyt Nº 1201130 |
La movilidad en la ruta habitual de las personas que ingresan a Chile por el paso de Colchane es mediante viajes en bus, a pie o por “aventones” desde Perú hacia Bolivia, cruzan por la ciudad fronteriza de Desaguadero, pasan luego por Oruro y por Pisiga. Desde Pisiga deben cruzar a Colchane para ingresar a Chile. Si bien la distancia no es demasiada, el cierre de fronteras durante la pandemia y el Plan Frontera Segura implementada por el Estado de Chile obligaron a las personas a tener que dar una vuelta más larga para evitar los controles de las fuerzas policiales y militares.
Ese recorrido está compuesto principalmente por bofedales, que son humedales que se desarrollan a gran altura (entre 3 200 y 5 000 msnm) y que se componen de plantas que forman cojines duros por donde pastan animales. Debajo de estos cojines de planta hay agua, muchas veces congelada y cuya profundidad varía de acuerdo con el tipo de humedal. Uno de los principales riesgos es que la costra de planta ceda y la persona caiga a un agua cercana a los cero grados. De ahí que hayan surgido los “pasadores”, que son personas de la zona que van guiando a grupos de caminantes desde el lado boliviano al lado chileno. Al no contar con vestimentas adecuadas ni con habituación corporal acorde a esta altura, se incrementa el riesgo de hipotermia, caídas, infartos y aumento de la presión sanguínea (Stefoni et al., 2022).
Pues la verdad no sé por qué, anteriormente había mucha gente que decía que era difícil cruzar. Sí, había muchos rumores, nosotros no, nosotros pasamos fácil, el camino es el que era muy rudo, es cierto eso. Había un sitio muy grande, la verdad no sé qué era, había rumores que era migración pues nosotros simplemente la rodeamos por un lado y con mucho miedo, había cosas como fosas. (Entrevista 20_hombre_venezolano_Iquique, 2021)
(...) de La Paz uno agarra, compra hasta Oruro, Oruro-Pisiga. Llega a Pisiga que es donde ese frío. ¡Uy, no! Bueno, muchos venezolanos muertos ahí, niñas, una señora, un señor... Muchos han muerto. Sí, porque es que el frío es algo terrible, te penetra los huesos. Tú sientes, no sé, que te vas a desmayar, como que no tienes oxígeno. Bueno, eso lo pasé yo. (Entrevista 26_ mujer_Venezolana_Iquique, 2021)
Tal como se ve en el relato inicial de este artículo, existen distintas modalidades para cruzar y seguir con el viaje. Cerca de la mitad de quienes llegan a este lugar ingresan al refugio transitorio abierto por las autoridades en octubre de 2021 (o al retén de carabineros presente en Colchane antes de la creación del refugio). Un segundo grupo continúa viaje al sur en los pequeños buses informales contratados con anterioridad, bajo el riesgo de que los choferes los dejen abandonados en la mitad del camino. El tercer grupo, que probablemente cuenta con menos recursos, deambula en Colchane buscando conseguir alguna forma para bajar a la ciudad de Iquique.
Luego que llenaron el bus, sí, él [el chofer del bus] dijo: salimos de aquí a las 3 de la mañana. Como que hasta las 3 esperaba a la última persona, ya después de las 3 bueno el que llegara debe esperar. Ellos esperan a llenarse. Ellos esperan a llenarse y rodaron hasta acá [Iquique]. Cuando llegamos aquí empezamos a preguntar, llegamos por la parte de allá, no me acuerdo la calle exactamente, nos quedamos esa noche.
Entrevistador: ¿Se quedaron en la calle?
Entrevistado: Sí, luego volvimos, pasamos el día, no hallábamos, no podíamos comunicarnos, teníamos los teléfonos apagados. Y pues ese día también lo pasamos ahí. (Entrevista 20_mujer_venezolana_Iquique, 2021)
Las medidas implementadas en Colchane apuntaron a administrar y gestionar la irregularidad que se estaba produciendo. Durante el primer tiempo los habitantes y autoridades de la zona respondieron con los recursos que tenían disponibles, a todas luces insuficientes. Meses después, y luego de manifestaciones y situaciones de violencia con la población local, el gobierno decidió abrir un campamento transitorio. Para ello licitó el proyecto y se lo adjudicó una productora. El campamento tiene capacidad para 200 personas dispuestas en carpas para 10 o 20 personas. Al ser transitorio se suponía que las personas no debían quedarse más de un día para ser bajadas a Iquique, pero ello no siempre se cumplió. Para ingresar al campamento la autoridad sanitaria realizaba un test de antígenos y quienes daban negativo eran llevados al sector de las carpas por un grupo de facilitadores, personas que fueron contratadas por la productora para trabajar allí. En el sector de las carpas se les entrega colchonetas y mantas, tienen disponibilidad de baños (seis en total) y comida. Más tarde pasan por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y allí se vacuna a las mascotas con las que viajan (gracias a un protocolo establecido por la autoridad fitosanitaria). Al día siguiente carabineros realiza una constatación para verificar la relación de las madres con sus hijos o de las cuidadoras con los menores a su cargo. Luego se realiza una constatación de lesiones en el centro de salud de Colchane. Si bien en un comienzo la autodenuncia3 se realizaba en Colchane, hoy en día la PDI dispone de una página web para que las personas realicen ahí el trámite una vez que estén asentadas en algún lugar, ya que se necesita que vayan a firmar periódicamente y que indiquen una dirección de residencia en Chile. La autodenuncia abre un proceso sancionatorio que puede terminar en la expulsión como sanción máxima, mientras que no hacerla significa que no queda registro alguno de su ingreso al país. La información oficial sobre este procedimiento es prácticamente inexistente, lo que da espacio a los canales informales de información.
Yo, por lo menos yo sí me autodenuncié porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y es como una reseña que lo que te llega a pasar o lo que tú hagas, o te conviene por una parte. La gente dice no, que con eso te pueden deportar. Lo que pasa es que la gente a veces es ignorante porque cuando vinieron los PDI yo les pregunté eso es para deportar a uno y el señor dijo ─no, eso no es para deportar, eso si hace alguna fechoría aquí lo van a reseñar y uno sabe quiénes son ustedes y cosas así. Pues porque te piden correo electrónico, te piden número de teléfono. (Entrevista 21_mujer_venezolana_Iquique 2021)
Al día siguiente son trasladadas en buses a residencias sanitarias en Iquique para realizar la cuarentena. El problema surge después, ya que, al terminar la cuarentena, la mayoría de las personas no cuenta con los recursos para enfrentar los gastos cotidianos ni para seguir el viaje al centro y sur del país, por lo que quedan literalmente en la calle. Así se fueron juntando en las calles de Iquique cientos y miles de personas en situación irregular, sin ninguna posibilidad en el corto, mediano o largo plazo de regularizarse.
Necesidades humanitarias de personas con ingreso irregular. Cuando el humanitarismo no resuelve las necesidades humanas
La encuesta aplicada en Iquique y Colchane en noviembre de 2021 a personas con menos de un mes de estancia en Chile arrojó los siguientes resultados: cerca de 40% de los encuestados salieron desde Venezuela en 2021, principalmente entre los meses de octubre y noviembre (24%), lo que quiere decir que salieron con la idea de llegar a Chile y lo hicieron de manera más o menos directa. Sin embargo, 62% salió antes o durante 2020, lo que indica trayectorias migratorias más extensas y periodos importantes de residencia en otros países. En 2014 salió de Venezuela 0.6%, 2.4% en 2015, 1.2% en 2016, 10% en 2017, 23.6% en 2018, 17.8% en 2019 y 6.6% en 2020. La Figura 3 detalla la fecha de salida desde Venezuela.
| Figura 3. Fecha de salida de Venezuela |
| Fuente: elaboración propia con Base de Datos de Encuesta a personas de ingreso reciente por paso Pisiga-Colchane 2021 |
Los principales países previos al ingreso a Chile son Colombia y Perú (Tabla 2), con una estadía promedio de 10.5 meses en estos países. Cabe destacar que el Perú es el país donde el mayor porcentaje de encuestados declara haber intentado regularizar la permanencia antes de ingresar a Chile, cercano a 30%, lo que sin embargo no significa que hayan podido hacerlo (Stefoni et al., 2022).
| Tabla 2. Tiempo promedio de estadía en otros países previo al ingreso a Chile | |||||
| País | Frec | % | Meses promedio estadía | Intentó regularizar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frec | % | ||||
| Colombia | 140 | 80.9 | 10 + 16 | 34 | 19.7 |
| Perú | 139 | 80.3 | 11 + 15 | 51 | 29.5 |
| Ecuador | 122 | 70.5 | 4 + 10 | 18 | 10.4 |
| Bolivia | 111 | 64.2 | 1 + 7 | 9 | 5.2 |
| Brasil | 3 | 1.7 | 4 + 3 | 1 | 0.6 |
| Argentina | 2 | 1.2 | 0.5 + 0.7 | 1 | 0.6 |
| Fuente: elaboración propia con Base de Datos de Encuesta a personas de ingreso reciente por paso Pisiga-Colchane 2021 | |||||
Un aspecto crítico en este ingreso reciente es la ausencia de documentos. El mayor porcentaje de los encuestados cuenta con la cédula de identidad venezolana (90.2%) y solo 27% declara tener en su posesión el pasaporte. El mayor problema es que de este grupo, solo 7.5% señala tener este documento vigente (Tabla 3). La situación es crítica puesto que obtener un pasaporte venezolano en las actuales condiciones resulta muy difícil, por lo que plantear como requisito para su regularización contar con este documento deja prácticamente a la totalidad de esta población sin posibilidad de regularización.
| Tabla 3. Documentos declarados en posesión de los encuestados | ||||
| Lo tiene en su posesión | Está vigente | |||
|---|---|---|---|---|
| Sí | % | Sí | % | |
| Pasaporte | 46 | 26.6 | 13 | 7.5 |
| Cédula de identidad emitida en su país de origen (DNI) | 156 | 90.2 | 143 | 82.7 |
| Cédula de identidad emitida en otro país | 16 | 9.2 | 11 | 6.4 |
| Partida/certificado de nacimiento | 54 | 31.2 | 44 | 25.4 |
| Residencia en otro país | 24 | 13.9 | 13 | 7.5 |
| Residencia en Chile/Cédula de identidad chilena de residente | 5 | 2.9 | 0 | 0 |
| Constancia de autodenuncia/Tarjeta de extranjero infractor | 19 | 11.0 | 7 | 4.0 |
| Fuente: elaboración propia con Base de Datos de Encuesta a personas de ingreso reciente por paso Pisiga-Colchane 2021 | ||||
Del total de encuestados, solo 6 (3.5%) han solicitado refugio y 3, visa (1.7%). En relación con el proceso de autodenuncia, 27 personas (15.6%) ya lo ha hecho, 39 (22.5%) tiene pensado hacerlo, 6 (3.5%) conoce el proceso, pero no lo hará y 98 (56.6%) declara no conocerlo. Este dato también es relevante y denota la gran falta de información respecto de lo que significa la autodenuncia.
Para conocer cuáles son las necesidades humanitarias que emergen en el contexto descrito y con las características de las personas que han cruzado la frontera, la encuesta se enmarcó en el enfoque de necesidades de la ACNUR. Aquí se señalan tres ámbitos que parecen más significativas: alojamiento, salud y seguridad alimentaria.
a) Alojamiento
De los encuestados, 74.6% (129) declaró que no tenía un lugar donde dormir esa misma noche. Al preguntarles dónde habían dormido regularmente durante la última semana, 32 de ellos (18.5%) declararon haber pagado por un hostal, hotel o similar; 28 (16.2%) durmieron en albergues gratuitos; 85 (49.1%) durmieron en carpas en espacios públicos y 23 (13.3%) en buses mientras viajaba (respuestas múltiples). El hecho de que prácticamente 50% de los encuestados haya dormido en la calle denota la extrema precariedad que enfrenta esta población.
Al preguntarles si ha pasado frío en las noches, 100 de los encuestados (57.8%) respondieron que todas las noches, 23 (13.3%) la mayoría de las noches, 25 (14.5%) solo ocasionalmente, 8 (4.6%) casi nunca y 14 (8.1%) nunca. Es importante recalcar que el estudio se llevó a cabo en noviembre, mes que no es de los más fríos en Chile. La ausencia de ropa adecuada hace aún más difícil sobrellevar el frío. La siguiente nota de campo da cuenta que el frío es una situación cotidiana.
Comienza a hacer frío, el frío de la pampa es distinto, muy seco y usualmente acompañado de viento. Antonio comienza a saltar para entrar en calor. Reparo en que está vestido solo con un short, una polera y sandalias. Le pregunto si no tiene más ropa para abrigarse (yo me acababa de poner un chaleco, andaba con pantalones largos y zapatillas) y me dice que no, que todo lo que tiene es lo que tiene puesto. Los niños corren descalzos, les corre agua por la nariz. (notas de campo_Autor 1_Toma en Alto Hospicio_27 julio 2021)
b) Salud
Al preguntarles por su estado de salud general, 24.3% la evalúa entre los rangos mala y regular. Este porcentaje aumenta al preguntarles solo por su salud física. En ese caso, 52 personas (30%) señalan que su salud es mala o regular. En el caso de la salud mental, 50 personas (28.9%) evalúan su estado de salud entre muy malo y regular, 70 participantes (40.5%) reportaron sentirse ansiosos/nerviosos y 39 (22.5%) sentirse desanimados o decaídos, esto casi todos los días durante las últimas dos semanas.
De los encuestados, 20.8% (36 personas) reportó tener alguna enfermedad crónica diagnosticada, siendo las más frecuentes el asma (7.5%) y la hipertensión arterial (4.6%). Tiene indicado algún fármaco de uso permanente 17.9 % (31 personas), de los cuales 21 (12.1%) han visto interrumpido su tratamiento en el último tiempo.
Se les preguntó a los participantes si sabían cómo funcionaba el sistema de salud en Chile, a lo que solo nueve de ellos (5.2%) respondieron que sí. Del total de encuestados, 37 (21.4%) han requerido atención de salud desde que ingresaron a Chile y solo 24 (13.9%) declararon haber podido acceder a esta atención. La necesidad de atención en salud más frecuente ha sido la toma de PCR (24 personas, 14.4%), seguida por síntomas de malestar (mal de montaña, dolores, descompensación) con nueve personas (5.4%). De los encuestados, 29 (16.8%) declaran haber tenido COVID-19. En tanto, 12.7% (22 personas) fueron vacunados contra el covid en Chile, 116 (67.1%) en otro país y 32 (18.5%) no han sido vacunados.
De las mujeres encuestadas, ocho se encuentran embarazadas, de las cuales solo cuatro reportan haber tenido su control de embarazo al primer mes.
c) Necesidades alimentarias
La alimentación es un aspecto que se ve resentido de manera importante en este grupo de población. Aquí se puede distinguir entre la situación más reciente, que involucra la semana anterior y que coincide con el tiempo de viaje hacia Chile, y una de mayor plazo, referida a los tres últimos meses previa a la llegada a Chile.
Tal como se puede apreciar en la Tabla 4, la frecuencia diaria durante la última semana no es alcanzada para ninguna de las tres comidas mínimas, siendo críticos los porcentajes de las tres ingestas, ya que no alcanzan a llegar a 50%. Solo 28% de los encuestados señala que tomó desayuno todos los días de la última semana, 41% indica que almorzó todos los días de la semana y 31% señaló que había cenado todos los días de la última semana. Ello da cuenta de las difíciles condiciones del viaje y la precaria situación en la que se encuentran en Chile.
| Tabla 4. Frecuencia de comidas durante la última semana | ||||||||||
| Nunca | 1 vez a la semana | 2 a 3 veces por semana | 4 a 6 veces por semana | Todos los días | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frec | % | Frec | % | Frec | % | Frec | % | Frec | % | |
| Desayuno | 40 | 23.1 | 20 | 11.6 | 52 | 30.1 | 9 | 5.2 | 49 | 28.3 |
| Almuerzo | 13 | 7.5 | 10 | 5.8 | 54 | 31.2 | 20 | 11.6 | 72 | 41.6 |
| Once o cena | 27 | 15.6 | 21 | 12.1 | 46 | 26.6 | 18 | 10.4 | 55 | 31.8 |
| Fuente: elaboración propia con Base de Datos de Encuesta a personas de ingreso reciente por paso Pisiga-Colchane 2021 | ||||||||||
En las conversaciones y observaciones de campo las personas indicaban que la alimentación en el último tiempo era en base a snacks, comida que les regalaba la gente o compra de algunos productos cuando lograban reunir algo de dinero.
A ello se suma que durante el trayecto gran parte de la población duerme en la calle, en los buses y en espacios semipúblicos como son las estaciones de buses, bencineras, entre otras.
Reflexiones finales: comprender qué es lo que está en crisis
El caso aquí presentado refleja la dualidad entre las políticas y discursos securitarios y las medidas humanitaristas implementadas por los propios gobiernos. El escenario donde se produce esta dualidad es la migración venezolana definida como una crisis migratoria en contexto de un desplazamiento forzado. Ambos elementos habilitan la adopción de medidas más restrictivas y de control. La irregularidad que se genera a partir de las mayores restricciones se aborda desde una gestión bastante básica que consiste en brindar ayuda humanitaria a quienes se encuentran en condiciones de extrema precariedad y vulnerabilidad, sin resolver aquello que genera irregularidad ni las consecuencias que tiene esta situación en las personas que llegan al país.
El desplazamiento forzado es un tipo de movilidad no deseada por los Estados por lo que asociar las condiciones de salida que genera este desplazamiento a la idea de crisis migratoria, habilita políticamente el cierre de la frontera por parte de los Estados receptores. Resulta importante puntualizar que esta idea de crisis no considera la precarización que surge de las condiciones en las que se produce el tránsito y la creciente irregularidad producto de las mayores restricciones al ingreso que definen los distintos países de la región. En este trabajo se ha visto cómo la crisis tiene menos que ver con las condiciones de salida y más con las condiciones de vida que van generando las restricciones que imponen los distintos países y cómo ello va acompañando la trayectoria y la ruta de las personas.
Este artículo permitió problematizar la idea de crisis tal como ha sido utilizada por gobiernos y organismos internacionales, y enfatizar que la crisis radica en la vulnerabilidad a la que son expuestas las personas que buscan de país en país un lugar que les brinde la tranquilidad y seguridad para poder vivir.
La construcción de la frontera a partir de las políticas restrictivas no solo establece la distinción entre personas deseables e indeseables, sino que profundiza la vulnerabilidad de quienes son rechazados. No son solo sujetos no deseados, sino sujetos despojados de derechos básicos que deambulan en las calles, expuestos a la expulsión, el rechazo y la violencia en distintos países de la región. Las políticas restrictivas, el cierre de frontera que se produce en pandemia y la ausencia de políticas públicas hacia este grupo, logran construir un sujeto cuya vulnerabilidad solo refuerza la condición de víctima que requiere las lógicas humanitaristas. Pero esta posición de víctima es extremadamente frágil porque depende de la compasión de quien decide entregar la ayuda. Querer salir de ese lugar de víctima lo devuelve al espacio de lo indeseable, lugar en donde crece la xenofobia y los procesos de racialización, haciendo aún más difícil su inserción.
Agradecimientos
Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) que financia el proyecto Fondecyt “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur” (Nº 1201130) y al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes, ANID/Fondap/15130009). Agradecemos también la colaboración de Alfonzo Urzúa (UCN) y Josefina Palma (UAH) en el desarrollo de la investigación que da origen a este artículo.
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Notas
1 La eliminación de la visa por motivos laborales generó un retorno de los problemas que enfrentaron durante años los migrantes, esto es el amplio poder que se entrega al empleador ya que el trabajador migrante debe permanecer con el mismo empleador por dos años para poder optar a su residencia definitiva. De no hacerlo debe comenzar a contabilizar nuevamente un periodo de dos años con el nuevo empleador.
2 Con base en solicitud por transparencia a la Policía de Investigaciones.
3 La ley establece un mecanismo de registro del ingreso por paso no habilitado, denominado “autodenuncia”. Este se lleva a cabo ante la Policía de Investigaciones, hasta mediados del año 2021 de forma presencial y hasta la publicación de este artículo de manera virtual. La persona extranjera hace un reconocimiento de ingreso clandestino y recibe una tarjeta de extranjero infractor.
Carolina Stefoni
Chilena. Doctorada en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Académica en la Universidad de Tarapacá-Chile e investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Líneas de investigación: estudios migratorios en América Latina, estudios de fronteras, género y migraciones Publicación reciente: Stefoni, C., Stang, F. & Rojas, P. (2021). Extractivismo y migraciones: expresiones cambiantes de una desigualdad histórica. La gran minería del cobre en la región chilena de Antofagasta. Revista Rumbos TS, 16(26), 9-35. https://doi.org/10.51188/rrts.num26.549
Matías Jaramillo
Chileno. Doctorando en ciencias sociales por la Universidad de Chile, estudiante de doctorado en sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente en la Universidad Central Sede La Serena. Líneas de investigación: migraciones contemporáneas, teoría sociológica. Publicación reciente: Jaramillo, M., Fernández, R. & Yáñez, L. (2021). Una contribución realista-crítica para un programa interdisciplinario sobre racismo. Revista de Sociología, 36(2), 88-100. https://doi.org/10.5354/0719-529X.2021.65566
Aline Bravo
Chilena. Antropóloga y magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile. Asistente de investigación del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) y Proyecto Fondecyt N° 1201130 “Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur”. Líneas de investigación: políticas migratorias. Publicación reciente: Bravo, A. (2021). Breve genealogía del régimen internacional de derechos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes: comprender el potencial sudamericano. Cuaderno digital Desafíos críticos para Latinoamérica y el Caribe, 150-166. https://iei.uchile.cl/dam/jcr:99aca70d-a7c6-437f-876d-98b65e30dd3c/Cuaderno%20digital%202do%20Encuentro%20del%20IEI.pdf
Gustavo Macaya-Aguirre
Chileno. Magister en psicología social, estudiante de doctorado en sociología Universidad Alberto Hurtado. Docente en la Universidad Católica del Norte (Antofagasta-Chile). Líneas de investigación: migraciones, género, violencias, procesos de construcción de paz. Publicación reciente: Macaya-Aguirre, G. & Stefoni Espinoza, C. (2021). Violencias contra las mujeres en el conflicto armado interno colombiano: claves para una lectura crítica. Revista Punto Género, (15), 25-46. https://doi.org/10.5354/0719-0417.2021.64397
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