Artículos

Estudios Fronterizos, vol. 25, 2024, e156

https://doi.org/10.21670/ref.2420156

Menores extranjeros no acompañados y separados en Italia: vulnerabilidades del sistema y recorridos de agencia

Unaccompanied and separated foreign minors in Italy: between vulnerabilities of the system and agency pathways

Gabriella Argento^a https://orcid.org/0009-0002-8642-4885
Belén Blázquez Vilaplana^{b *} https://orcid.org/0000-0003-0440-9113
Belén Agrela-Romero^c https://orcid.org/0000-0001-8976-9710
Roberta Teresa Di Rosa^a https://orcid.org/0000-0002-6062-8559

^a Università degli Studi di Palermo, Departamento de Cultura y Sociedad, Palermo, Italia, correo electrónico: gabriella.argento01@unipa.it, robertateresa.dirosa@unipa.it

^b Universidad de Jaén, Departamento de Derecho Público y Privado Especial. Área de Ciencia Política, Jaén, España, correo electrónico: bblazquez@ujaen.es

^c Universidad de Jaén, Departamento de Psicología. Área de Trabajo Social, Jaén, España, correo electrónico: bagrela@ujaen.es

^* Autora para correspondencia: Belén Blázquez Vilaplana. Correo electrónico: bblazquez@ujaen.es

Recibido el 30 de abril de 2024.
Aceptado el 25 de noviembre de 2024.
Publicado el 3 de diciembre de 2024.

CÓMO CITAR: Argento, G., Blázquez Vilaplana, B., Agrela-Romero, B. & Di Rosa, R. T. (2024). Menores extranjeros no acompañados y separados en Italia: vulnerabilidades del sistema y recorridos de agencia. Estudios Fronterizos, 25, Artículo e156. https://doi.org/10.21670/ref.2420156

Resumen:
En Italia, la presencia de menores migrantes no acompañados y separados sigue siendo un grupo destinatario de atención social con características y necesidades específicas a las que no siempre se consigue dar respuestas adecuadas, especialmente cuando alcanzan la mayoría de edad. Las restricciones políticas dificultan la consecución de un nivel adecuado de autonomía y comprometen notablemente la inclusión social, incrementando el riesgo de convertirse en meros ejecutores de un proyecto no deseado en el que se les excluye como actores de su propio futuro. Se presentan los resultados de un análisis del estado de la cuestión y del trabajo de campo realizado a través del proyecto SAAMA en Agrigento (Sicilia), durante los años 2019-2022. El objetivo es, desde un enfoque interseccional, repensar las herramientas implementadas en los servicios de acogida para construir nuevas opciones de gestión social mediante una atención simultánea y convergente entre la perspectiva meso y la perspectiva micro.
Palabras clave: menores migrantes no acompañados, migraciones internacionales, interseccionalidad, trabajo de comunidad.

Abstract:
In Italy, the presence of unaccompanied and separated migrant minors continues to be a target group for social care with specific characteristics and needs that are not always adequately addressed, especially when they reach the legal age of majority. Political restrictions make it difficult to achieve an adequate level of autonomy and significantly compromise social inclusion, increasing the risk of turning them into mere executors of an unwanted project in which they are excluded as actors in their own future. The results of an analysis of the state of the art and the fieldwork carried out through the SAAMA project in Agrigento (Sicily), during the years 2019-2022, are presented. The objective is, from an intersectional approach, to rethink the tools implemented in reception services to build new social management options through simultaneous and convergent attention between the meso perspective and the micro perspective.
Keywords: unaccompanied migrant minors, international migration, intersectionality, community work.

Introducción

La presencia de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados y separados (en adelante MAENAS)¹ en las migraciones internacionales se ha vuelto numéricamente cada vez más consistente, representa 42% de los 82.4 millones de personas obligadas a huir (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2021); si bien existen importantes dificultades para obtener datos completos y uniformes entre los distintos países de la Unión Europea (UE). Este hecho incrementa la necesidad de estructurar las intervenciones sociales desde los sistemas de protección capaces de asegurar la tutela efectiva de sus derechos desde el momento de la llegada.

Considerados como “sujetos migratorios” con características propias y sometidos a intervenciones específicas (Suárez Navaz & Jiménez Álvarez, 2011), a menudo se encuentran dentro de un sistema de acogida que no siempre resulta ser tan hospitalario como podría desprenderse de los principios de la normativa vigente (Argento, 2023).

Las dificultades para responder a un hecho social tan complejo, entre la protección y la contención de las migraciones, junto con los obstáculos relacionados con las características psico-socio-culturales de estos jóvenes, ha creado un gran déficit de homogeneidad en las intervenciones sociales, a nivel europeo e italiano. Italia, primer país de llegada de MAENAS dentro de la UE, también lo es de tránsito, puesto que muchos de ellos se ven empujados por diversos motivos a llegar a otros países europeos.²

Existe un marco normativo para acogerlos, especialmente desde la Ley 47/2017, del 7 de abril, con medidas de protección para MAENAS.³ Pero ello no ha evitado que persistan numerosos problemas en el proceso de acogida por ser un sistema que, en lugar de apoyar la autonomía de estos MAENAS como protagonistas de la migración, los minoriza (Agrela Romero, 2004), al no reconocerles sus especificidades como no acompañados, lo que activa formas de dependencia real, que (re)producen una “vulnerabilidad de sistema” (Crepet, 2020).

En consecuencia, devienen importantes implicaciones perjudiciales para su bienestar psicosocial, particularmente evidentes cuando alcanzan la mayoría de edad, que los convierte en los llamados care leavers, es decir, pasan a una situación donde se les priva de las formas de protección como menores. De ser acogibles y pasar “desapercibidos” tornan a ser incómodos y expulsables, sujetos diana de (pre)ocupación socio-política y cultural por las (supuestas) cargas de otredad y peligrosidad desde donde se les piensa (Gaspari & Agrela-Romero, 2022).

Las estrategias que adoptan los jóvenes migrantes son múltiples, van desde la aceptación pasiva de su nueva situación hasta el rechazo total hacia el sistema y el país italiano. Para la mayoría, esta ruptura se traduce en la decisión de interrumpir la trayectoria que emprendieron en los procesos de acogida, con todas las consecuencias negativas que comporta. Todo ello, en el marco de un sistema que, a pesar de sus disfuncionalidades, cuenta con herramientas y potencialidades en beneficio de estos jóvenes.

Este trabajo pretende abrir una reflexión sobre el papel activo desempeñado por cada uno de los actores implicados en el sistema de acogida italiano (centros de acogida, tutores voluntarios, sistema de educación y formación, asociaciones deportivas, asociaciones de voluntarios, sociedad civil, municipios, etcétera). Cada actor puede contribuir a la construcción de una comunidad definida como “emancipadora”, es decir, un sistema de acogida capaz de escuchar, reconocer las distintas identidades y devolver la voz y el poder a los jóvenes migrantes con el fin de hacerlos autónomos y protagonistas activos de su proyecto migratorio. De ahí que el objetivo central sea repensar los mecanismos ya existentes para construir nuevas opciones de gestión social.

Con base en la dilatada experiencia de investigación e intervención con MAENAS, el artículo se centra en plantear un estado de la cuestión y de reflexión sobre estos jóvenes varones en Italia, a través de una atención simultánea y convergente entre la perspectiva meso, caracterizada por la operatividad de los servicios (Bello, 2020; Salvatori & Terrón Caro, 2019), y la perspectiva micro, caracterizada por las historias de vida de los MAENAS.⁴ Para ello, se expone de manera detallada la normativa aplicada a estos jóvenes desde el momento en que llegan a las costas italianas, hasta que pasan a la mayoría de edad. Se analizan los factores de riesgo y protección a los que se enfrentan en su camino hacia la autonomía y la búsqueda de pertenencia a la comunidad de acogida.

Algunas características para entender la presencia de MAENAS en Italia

La migración de menores, como proceso social global, está llevando a varios Estados europeos a resituar la cuestión de los “menores solos” como temática central de las agendas y acciones políticas, al tiempo que ha impulsado a muchas y muchos investigadores a cuestionarse sobre la propensión de las y los jóvenes a emigrar, para comprender los factores o motivos por los que abandonan sus países de origen (Barn et al., 2020; Consoli, 2015; Jiménez & Vacchiano, 2011).

Italia cuenta desde 2017⁵ con la primera ley europea que aborda de forma orgánica y específica la inmigración de los MAENAS. Según el artículo 2 de la Ley 47/2017, se les define como:

[…] Un menor que no sea ciudadano de Italia o de la Unión Europea y que se encuentre por cualquier motivo en el territorio del Estado o que esté sujeto de otro modo a la jurisdicción italiana, sin la asistencia y representación de sus padres o de otros adultos legalmente responsables de él según las leyes vigentes en el ordenamiento jurídico italiano. (traducción propia)

En los últimos años, debido a los eventos políticos nacionales e internacionales, y recientemente tras la emergencia pandémica, hay una tendencia variable que ve cómo el pico de admisiones en el bienio 2016-2017 (valor absoluto 18 303) registró un giro significativo; en 2020 se contabilizaron 7 080 MAENAS, -65.4% con respecto a 2017. Sin embargo, en 2021 se produjo un aumento significativo (valor absoluto 12 284), que incrementó en 2022 (valor absoluto 20 288) y en 2023 (valor absoluto 23 226) (véase Figura 1).

Como consecuencia del estallido del conflicto ruso-ucraniano, los datos reflejan presencia de ucranianos, alrededor de 25% del total de MAENAS, que ascendió a 5 042 en 2022 y a 4 131 en 2023. El análisis aquí realizado no profundiza en las especificidades de esta nacionalidad, que son diferentes a las de otros menores.

Figura 1. Presencia de los menores (niños y jóvenes) extranjeros no acompañados en Italia 2011-2023

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (2024)

Tras la Primavera Árabe (2011) y la masacre de Lampedusa (2013), los desplazamientos de migrantes hacia Europa a través del mar Mediterráneo consolidaron su centralidad como temática prioritaria en el discurso político, recrudecido en los últimos años tras las ideologías y gobiernos antiinmigración. A pesar de la estructuralidad de esta migración, cada vez menos episódica, el sistema de acogida y las políticas internacionales, nacionales y locales tienden a cristalizar un alcance solo de emergencia, enfrentándolo constantemente de manera problemática (Attanasio, 2016). Este modo de afrontamiento, centrado en políticas con intereses partidistas, ha desincentivado la aplicación de estrategias de acogida más funcionales según las necesidades de los MAENAS, sin comprender el origen de los problemas sociales por los que atraviesan.

Según nacionalidades, en 2023 procedían de 63 países. La mayoría provenía del continente africano, de 35 nacionalidades (69%, alrededor de 16 000 menores). Seguido de Asia (8% del total) con 1 950 menores de 13 países. De Europa del Este proceden de 11 países (5 290 menores, 22.8% del total). Del continente americano había 24 menores de 24 países. Según nacionalidades, a finales de 2023, predominan menores egipcios (4 667), ucranianos (4 131), tunecinos (2 438), gambianos (2 141), guineanos (1 925), marfileños (1 261) y albaneses (936), lo que compone 75.4% del total. Les siguen menores de Pakistán (820), Malasia (626), Burkina Fasso (468), Eritrea (453) y Afganistán (404) (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 2024, p. 13 y ss.).

Aunque en su absoluta singularidad presentan diferencias propias de sus orígenes y de las diversas rutas migratorias, mayoritariamente tienen en común el hecho de que durante su viaje enfrentaron y experimentaron peligros, la detención, la violencia, la explotación o el abuso, especialmente en los centros de detención extendidos en Libia (Di Rosa et al., 2019).

Sus historias describen diferentes perfiles de menores en función de las razones de sus elecciones migratorias. Giovannetti (2014) hizo una clasificación que, si bien no pretende ser exhaustiva dada la pluralidad de sus proyectos de vida y de sus procesos de migración, ofrece un marco útil para comprender este hecho social actual:

1. Solicitantes de asilo, o a quienes se proporcionan medidas de protección temporal por motivos humanitarios, que huyen de situaciones de guerra, conflicto o persecución, principalmente de países como Siria, Gambia y Somalia. Resulta significativo el caso de los niños que huyen de Libia desde 2011, o los procedentes de países subsaharianos con un alto nivel de inestabilidad política y conflictos religiosos, debido a la escalada de tensiones locales de larga duración, como Nigeria, y la propagación del radicalismo islámico y el terrorismo conexo, por ejemplo, Al Shabaab en Somalia.
2. Quienes emigran en busca de nuevas perspectivas laborales, como cabezas de familia con posibles pretensiones de reagrupación, como los jóvenes de Túnez.
3. Quienes se sienten atraídos por el estilo de vida occidental, fuertemente influenciados por la comunicación virtual de las redes sociales.
4. Impulsados por la desestructuración social en los lugares de origen o pertenecientes a contextos en los que el grupo de iguales se ha reducido progresivamente debido a la emigración; así, la migración es una estrategia de vida “natural”.
5. Explotados por circuitos y mafias criminales internacionales como mano de obra esclavizable.
6. Quienes llegan para reunirse con sus progenitores u otros familiares, pero que no cumplen los requisitos para poder iniciar los trámites de reagrupación familiar regular.
7. Quienes se desplazan a través de organizaciones ilegales que, por su necesidad de búsqueda de trabajo, están en riesgo de ser reclutados en sistemas ilegales.

La Ley 47/2017 los reconoce como titulares de derechos en materia de protección de menores en igualdad de condiciones con los de nacionalidad italiana. Adicionalmente, el Decreto 142/2015 establece que en la aplicación de las medidas de acogida prima el interés superior del menor, de forma que se garanticen unas condiciones de vida adecuadas a su edad, en relación con su protección, bienestar y desarrollo social. El artículo 13 de esta norma, párrafo 2, introduce la nueva figura de la “continuación administrativa”, perfilando la posibilidad de que el Tribunal de Menores ordene, con decreto motivado, la encomienda a los servicios sociales de un nuevo adulto hasta los 21 años, en aquellos casos que el menor haya iniciado un camino de integración social y necesite apoyo prolongado para alcanzar su autonomía. La finalidad es garantizar la protección social a los nuevos mayores de edad que están sin vivienda, ni trabajo y tienen que interrumpir drásticamente su trayectoria de estudios o de formación profesional por falta de recursos. Sin embargo, esta medida de acogida es más cuestionada por sus costes económicos y los municipios no siempre proporcionan, o pueden proporcionar, recursos para implementarla.

Posteriormente, las leyes 132/2018⁶ y 176/2023⁷ mantuvieron los principios consagrados en la Ley 47/2017, pero restringieron las disposiciones relativas a la acogida de menores sobre los requisitos identificados para un permiso de residencia en la mayoría de edad. La Ley 176/2023 amplió el límite de estancia en los centros de primera acogida de 30 a 45 días para menores de 16 años y de 90 a 150 días para mayores de 16 años. En caso de indisponibilidad temporal de los centros de acogida, el Prefecto, en el caso de mayores de 16 años, puede ordenar su internamiento en centros para adultos. Estos cambios han tenido un impacto significativo en el estatus legal de los MAENAS, al poner en peligro su camino hacia la estabilización y permanencia regular en Italia. Al quedar fuera de la protección estatal se incrementan sus vulnerabilidades y procesos de exclusión social.

Injusticias sistémicas, institucionales y sociales

La situación italiana de los MAENAS es paradójica, a) se les protege al amparo de unas medidas de acogida sustentadas sobre la prioridad del interés superior del menor, que garantizan condiciones de vida adecuadas a su edad. Pero b) a nivel sustantivo, siguen existiendo muchas lagunas en la garantía de sus derechos, que los obliga a enfrentar numerosos retos y problemas críticos, que aumentan especialmente en la transición a la mayoría de edad.

Debido a su diversidad, la perspectiva interseccional (Gaspari & Agrela-Romero, 2022) permite elaborar una nueva lectura de este hecho social multidimensional para una mejor comprensión de cómo operan las injusticias sistémicas, institucionales y sociales a las que se les aboca a los menores, al considerar y desentrañar los múltiples aspectos que se entrecruzan en sus experiencias de discriminación (Crenshaw, 1989; Mattsson, 2014). Para ello, es necesario comprender primero cómo las categorías utilizadas para describir la realidad social no son homogéneas; están llenas de matices que pueden cambiar su caracterización a lo largo del tiempo.

Las desigualdades y opresiones que ubican a los menores en situación de desventaja operan de forma simultánea. Se trata de formas de discriminación entrecruzadas; de una multiplicidad de discriminaciones con base en diferentes categorías (como ser extranjero, menor, de una determinada nacionalidad, de una determinada clase social, con unos rasgos fenotípicos diferentes, con un capital social-cultural-religioso diferente, de una determinada etnia, etcétera) que interaccionan entre sí y que deben analizarse y comprenderse de manera simultánea, no de forma separada o sumativa, para evitar perpetuar formas de discriminación y distorsión de las posibles soluciones eficaces por ser demasiado simplificadoras (Creighton, 2013).

En concreto, en la propia definición de los MAENAS se pueden identificar tres aspectos fundamentales: ser menores, extranjeros y haber llegado solos a un nuevo contexto sin ninguna referencia adulta (Bargach & Jiménez-Álvarez, 2020). Estos aspectos, aunque individualmente no siempre constituyen factores de exclusión, pueden llegar a serlo en su interacción, especialmente cuando tiene lugar la transición a la mayoría de edad. Es durante la transición hacia la mayoría de edad cuando la condición y significado de menor cambia radicalmente; pasa a tener la condición de “ex”, ya no es considerado un sujeto “no acompañado”, ni merecedor de acompañamiento.

Una vez fuera del sistema de protección, a menudo se encuentran sin apoyo ni recursos. Este desamparo es aún más evidente en sociedades como la italiana donde los sistemas de bienestar responden a un modelo “familista”, donde la familia es el soporte vital central, por lo que cuando la familia se encuentra en el lugar de origen, el desabrigo es indudable. Las situaciones de precariedad requieren de acompañamiento y apoyo social sin el cual el trabajo o las inversiones previas corren el riesgo de ser inútiles.

Adicionalmente, en esta fase de transición, la extranjería, mayoría de edad y soledad refuerzan su percepción como clave para un problema social. La condición de extranjero prima como categoría dominante y fuente de diversas formas de exclusión. La posibilidad de que se les reconozca un tipo de permiso de residencia en lugar de otro, o el tiempo de espera para ser convocado a la Comisión Territorial para el Reconocimiento de la Protección Internacional,⁸ para obtener el resultado de la solicitud, a menudo dura varios meses, hasta años.

Todo ello los hace pasar a formar parte de un registro de exclusión y discriminación que disminuye los proyectos de vida de los jóvenes migrantes a unos pocos estereotipos, lo que activa un proceso de “invisibilización” y reduce al silencio sus diversas y complejas historias de vida (Pescarmona et al., 2022). En consecuencia, sus historias y voces corren el riesgo de permanecer desoídas o de ser meramente consideradas para reproducir argumentarios como sujetos necesitados y vulnerables o, como sujetos potencialmente peligrosos a ser devueltos a sus países de origen.

La aplicación del análisis interseccional permite desarrollar políticas más inclusivas que tengan en cuenta las necesidades de grupos específicos, como en este caso, para que estén adecuadamente representados en las políticas y medidas que les afectan como migrantes, pero también, a la sociedad como destinataria. Posibilita crear espacios donde los jóvenes migrantes sean sujetos de derechos, también los relacionados con la palabra, y que el contexto de llegada les devuelve la posibilidad de redefinir su propia identidad en evolución, de adoptar posturas diferentes, de cuestionar lo que se da por sentado y de buscar nuevas negociaciones incluso con respecto a las representaciones generalizadas.

También es posible fomentar procesos de reapropiación de su identidad como jóvenes inmigrantes con sus propias competencias, habilidades y capacidades, que se adueñen con dignidad de las palabras para definirse a sí mismos y sus perspectivas de futuro. Para la sociedad receptora, y especialmente quienes están implicados en la acogida, esto es muy útil para repensar la propia identidad como algo conectado a las múltiples pertenencias hacia un “otro nosotros”; esto requiere el desarrollo de la solidaridad y la conciencia de la experiencia común de las desigualdades que une al género humano a pesar de las diferencias mutuas (Mohanty, 2003/2012).

Para quienes están implicados en la gestión de las migraciones de los MAENAS, como los y las operadores sociales públicos y privados, reposicionar su forma de actuar según las especificidades de la interseccionalidad significa promover un proceso de empoderamiento (Biagioli, 2014) capaz de devolverle la voz a los MAENAS, es decir, de tomar en cuenta sus puntos de vista y sus experiencias para que contribuya a que los servicios sociales se distancien de los roles paternalistas establecidos desde la cultura italiana dominante. De esta manera, será posible contribuir a la realización de un camino de justicia social y de liberación de las diferentes formas de desigualdad y se permitirá que los MAENAS pasen de ser sujetos silentes, a menudo considerados incapaces de desempeñar ciertos roles, a ser ciudadanos resilientes y políticamente conscientes de sus obligaciones.

Cuestiones críticas en los itinerarios de autonomía de quienes han de abandonar los centros de acogida

Cuando estos menores salen de los centros de acogida suelen tener entre 16 años (27.3%) y 17 años (46%) (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 2024), no siempre disponen de tiempo suficiente para emprender un camino de integración que les permita una transición plena hacia la autonomía. La autonomía de una persona pasa por una multiplicidad de aspectos, pero sin duda, la posibilidad de trabajar, de tener una vivienda digna, de cuidar de sí mismos y de comprender y expresarse plenamente figuran entre las principales condiciones para lograr una independencia y una integración real.

Los numerosos retos-problemas críticos que deben enfrentar los MAENAS aumentan en la transición a la mayoría de edad como care leavers. Son jóvenes exentos de cuidado por terceras personas y al alcanzar la mayoría de edad se ven obligados a abandonar la vía de la protección y la tutela. Debido a su condición de jóvenes extutelados, son invisibles entre los invisibles. Enfrentan las dificultades relacionadas con el hecho de no tener una familia que los respalde, junto con las complicaciones de estar regularizados en un contexto culturalmente no reconocido, en ausencia de redes sociales y diversas complejidades como dificultades lingüísticas, falta de reconocimiento de las competencias previas o ausencia de un empleo (Bargach, 2009, 2020).

Estudios como el de Bastianoni y Zullo (2012) muestran evidencias empíricas que confirman las tareas y los retos de desarrollo de los migrantes que abandonan la atención: están en un escenario de desprotección y llamados a superar pruebas de integración decisivas para su futuro, como el aprendizaje del idioma, la inserción escolar y laboral, e incluso limitaciones y obstáculos administrativos y legales, todo ello agravado por la falta de preparación adecuada para esta etapa (Clyton et al., 2019; Mordeglia et al., 2018). Estas pruebas no siempre encuentran perspectivas efectivas de realización, por lo que son frecuentes las evidencias de fracaso escolar, dificultad en el aprendizaje del italiano e imposibilidad de encontrar un empleo.

Adicionalmente, a menudo, hay un excesivo desequilibrio hacia la experiencia dolorosa de los jóvenes, que los acostumbra a hablar de forma automatizada de su pasado, mientras que son casi nulos los espacios para considerar sus habilidades, competencias, deseos y proyectos. Como resultado, la representación del futuro tiende a plantearse como una adaptación pasiva, lejos de las perspectivas deseadas y de autorrealización.

El principal resultado de este sistema disfuncional es que estos menores deciden voluntariamente interrumpir su trayectoria asistencial para marchar a ciudades del norte de Italia u otros Estados europeos. De esta forma se pierde su rastro. Desde la activación del Sistema de Información de Menores (SIM), introducido por la Ley 47/2017, es posible disponer de datos ciertos y no estimados sobre estos menores. La sustracción se registra en el SIM hasta que el menor alcanza la mayoría de edad o hasta que es localizado de nuevo. Al 31 de diciembre de 2023, de un total de 23 226 MAENAS presentes, 10 100 han sido comunicados como sustraídos voluntariamente, en valores porcentuales, 43.48% del total (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, 2024).

A partir del seguimiento de experiencias de proyectos de acogida (Mordeglia et al., 2018) se observa que en esta elección intervienen también otros factores de expulsión que alimentan la desconfianza de los menores hacia el sistema italiano, así como la falta de información jurídica de los procedimientos para regularizar su situación legal, la lentitud en los trámites para acceder a los documentos, las condiciones generales de las instalaciones o el limitado acceso a la atención médica (Oxfam & Greek Council for Refugees, s. f.).

Otra cuestión espinosa refiere a la institución de la “prosecución administrativa”. La Ley 47/2017, en el artículo 13, establece que si el menor ha iniciado un camino de integración social y necesita un apoyo prolongado para lograr su autonomía, el Tribunal de Menores puede ordenar, a petición de los servicios sociales, mediante decreto motivado, el acogimiento familiar a los servicios sociales, no más allá de los 21 años. Sin embargo, este concepto de autonomía es difícil de definir, es determinado principalmente a través de la evaluación del trabajador o trabajadora social en cuyo procedimiento no siempre se cuenta con la participación del menor.

En general, el concepto de autonomía está vinculado erróneamente a la emancipación en materia de vivienda y de trabajo, así como a la regularidad del estatuto jurídico. Estos aspectos, aunque centrales, corren el riesgo de ser reductores y conducir a valoraciones erróneas. En ocasiones, la continuidad administrativa es una herramienta esencial para dar al joven migrante la oportunidad de permanecer en los cursos de formación y socialización emprendidos, pero al ser el Tribunal el que emite el dictamen final, no siempre concede la autorización. La condición de los jóvenes que abandonan el sistema de acogida se caracteriza, por tanto, por una gran incertidumbre que a menudo los obliga a adaptar sus trayectorias vitales a las condiciones que, en gran medida, les impone el sistema de acogida.

Otro obstáculo tiene que ver con la figura de la tutora o tutor voluntario, por ser fundamental para garantizar al menor el acceso a derechos, así como para promover su bienestar y favorecer un camino de inclusión que tenga en cuenta sus capacidades y aspiraciones. La Ley 47/2017 se inspira en experiencias locales previas en ciudades como Palermo y Bari, donde experimentaron la contribución de ciudadanos y ciudadanas particulares voluntarios para la protección de estos niños y jóvenes, lo que fortaleció el rol de esta figura (Lunardini, 2020).

Dicha ley estableció un registro en las oficinas de los Garantes Regionales para la Adolescencia y la Infancia, gestionó una formación obligatoria para este voluntariado, incluida su idoneidad para este rol en el registro regional.

Con los años, sin embargo, las buenas intenciones de esta institución han sido en gran medida incumplidas, debido a las dificultades para encontrar personas dispuestas a ser tutoras. En consecuencia, muchos de los MAENAS no son tutelados, no hace posible crear una relación exclusiva entre menor y tutor y en algunas situaciones, como la de Sicilia, esta figura la desempeñan abogados o gestores de los centros de acogida. Se incumple así un principio básico, como es la tercera posición de la figura del tutor o tutora respecto a los adultos con quienes los menores se relacionan en la vida cotidiana.

Además, la tutela voluntaria difiere de las realidades regionales y locales, tanto en términos cuantitativos como en los métodos operativos, ello empeora aún más la situación. Incluso en los casos en los que la relación entre el menor y el tutor tuvo una connotación positiva, esta vinculación se interrumpe con la mayoría de edad al final del proceso de acogida como menor, con numerosas consecuencias negativas para los MAENAS. Diversos estudios mostraron cómo los recursos personales y de amistad de los menores y la calidad de la intervención y de la relación con las y los profesionales son claves esenciales para la resiliencia y antídoto contra el miedo y la desesperanza (Argento, 2019; Carlson et al., 2012; Van Breda, 2018).

¿Actores o ejecutores de proyectos life?

La migración en solitario es vivida por los propios menores como un acto que sanciona la entrada plena en la vida adulta: viajar solo, enfrentarse a decisiones y peligros, cuidar de sí mismo o pasar por experiencias traumatizantes. El viaje como un rito de paso (United Nations International Children’s Emergency Fund [Unicef] & Médecins Du Monde, 2018) marca una frontera entre un antes y un después en su desarrollo. La decisión de emigrar y el viaje están unidos por el plano de la conciencia y la responsabilidad hacia la familia o la comunidad.

Estudios previos (De Graeve & Bex, 2016; Kaukko & Wernesjö, 2017) analizaron cómo los y las MAENAS estaban siendo reducidos a un estado carente de responsabilidades y como individuos sin voz política (Crawley, 2011). En casos extremos, vieron vulnerada su libertad de expresión durante la detención al ser internados en su llegada, como en su aprisionamiento en celdas con posibilidades restringidas de comunicación y sin comprender el motivo de su detención (Connolly, 2015).

El sistema de acogida italiano tiende a confinarlos en los márgenes de la sociedad, frecuentemente, sin ningún reconocimiento legal y social. Estas condiciones anulan los esfuerzos del proceso de planificación emprendido con gran esfuerzo tanto por quienes los reciben (servicios, instituciones, operadores) como por quienes son recibidos (Salinaro, 2021). La adopción de enfoques poco complejos e inadecuados por su simplicidad de análisis tienden a subestimar formas de debilidad estrechamente relacionadas con los factores de riesgo post-migratorio, asociados a la condición de pasividad que caracteriza muchas experiencias de acogida (Priebe et al., 2016), lo que genera en los MAENAS una “vulnerabilidad de sistema” (Crepet, 2020) con consecuencias significativas en su bienestar psicosocial. Entre los proveedores de servicios legales y sociales son considerados como una “víctima ideal” (Christie, 1986).

El deseo de un adolescente de independizarse, junto con la autonomía forzada necesaria para sobrevivir al conflicto y la huida, entran en conflicto con la situación de dependencia al llegar. Por ello, muchos jóvenes migrantes con una medida administrativa de continuación interrumpen voluntariamente el proceso antes de cumplir los 21 años. La percepción de que se les abandona en esta edad es generalizada, lo que amplía el umbral del momento crítico de la transición a la mayoría de edad y salida del sistema de acogida. Detrás de estas elecciones suele haber una falta de confianza en las instituciones de acogida con las que han tenido contacto. Antes de hablar de una categoría de sujetos vulnerables por naturaleza, habría que reconocer en qué medida y de qué manera es el sistema de acogida el que precipita que lo sean.

Entre los profesionales de los servicios de acogida existen numerosas dificultades organizativas, económicas e ideológicas relacionadas con el desconcierto que les impide pensarse a sí mismos como protagonistas activos de la acogida, del acompañamiento y de la atención. Les surgen así dilemas éticos sobre cómo reconocer a los MAENAS como protagonistas y no como destinatarios de intervenciones pre-confeccionadas. Un sistema de acogida debe garantizar una respuesta a sus necesidades reales, ayudarles a mediar entre las necesidades personales y el mandato familiar y a utilizar lo mejor posible sus propios recursos y los que tienen a su disposición para alcanzar un nivel adecuado de autonomía.

Por el contrario, en Italia existe un sistema que desestabiliza al menor hasta el punto incluso de crearle un “terremoto identitario”. Su condición al arribar es la de menor que hay que proteger: realiza su primer encuentro con el Estado italiano, se ve envuelto en un proceso de infantilización en tanto los métodos organizativos previstos tienden a un exceso de protección alejada de la perspectiva de autonomía. Se le somete a un sistema de normas que impone determinados comportamientos, lo que crea un sujeto vulnerable y dependiente, mucho más que en el momento de su entrada en el sistema de acogida.

Campesi (2015) destaca cómo los centros de acogida son una auténtica trampa donde se implementan procesos de reproducción de la dependencia que refuerzan un confinamiento psicológico, en el sentido de que las comunidades corren el riesgo de interrumpir los itinerarios de autonomización emprendidos y favorecer una “perspectiva asistencialista”. Concretamente, las y los MAENAS son tratados como enfermos hospitalarios o personas no autosuficientes, se les alienta a procesos de fuerte regresión y se les asisten sus necesidades primarias, sin estímulos para salir e interactuar con la comunidad local.

En consecuencia, se corre el riesgo de interrumpir los caminos hacia la autonomía que los menores iniciaron y experimentaron en su país de origen cuando tomaron la decisión de emigrar. Esta gestión de lo social llega a su fin a los 18 años, cuando están en situación de “éxodo” del sistema, privados de los requisitos para continuar el proceso de acogida por su cuenta, desperdiciando así el tiempo, el esfuerzo y los recursos invertidos hasta ese momento.

Consoli y colaboradores (2009) señalaron cómo el sistema de acogida italiano ha alimentado la afirmación de lógicas operativas altamente asistencialistas, lo que ha contribuido a la difusión de una representación distorsionada de los MAENAS como sujetos desfavorecidos asistidos. Tiende a implementar intervenciones poco institucionalizadas, excesivamente fragmentadas y desiguales que frecuentemente delega en iniciativas sociales voluntarias y privadas. Esto genera un círculo vicioso, que Fratini y colaboradores (2011) destacan como el riesgo de generar actitudes parasitarias y pasivas hacia la comunidad y la sociedad, que plantea un futuro inestable y amenazante.

El protagonismo, la valentía y el papel activo que caracteriza a los menores cuando emprenden su viaje migratorio a Italia disminuye al entrar en el sistema de acogida porque es habitual que las formas de protección se traduzcan en la negación parcial o total de su autodeterminación y autonomía. La mayoría tienen entre 16 y 17 años, pero la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre su proyecto de vida aparece cada vez más lejana, agravada por el hecho de que ocurre en un lapso cada vez más corto (en algunos casos, es de apenas unos meses).

En el intento de recuperar su autodeterminación, el precio que pagan los jóvenes migrantes por esta incertidumbre constante se traduce en opciones arriesgadas, como la de interrumpir el proceso de acogida mediante la salida voluntaria, con todas las consecuencias negativas y los riesgos que comporta, como exponerse a la trata y explotación, ser devueltos a sus países de origen o readmisión en las fronteras.

Por estas razones, es crucial detenerse a reflexionar sobre las modalidades concretas ofrecidas para la acogida y las propuestas educativas. La reflexión y el cuestionamiento permanente deben reservarse a las formas de ayuda, también por la necesidad de construir soluciones a largo plazo (Kanics et al., 2010). Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas:

El objetivo final de regular la situación de los menores no acompañados o separados de su familia es identificar una solución duradera que resuelva todas sus necesidades de protección, tenga en cuenta las opiniones del menor y, en su caso, conduzca a resolver la situación del menor no acompañado o separado de su familia. (Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General N°6, 2005, párr. 79)

Una de las opciones más eficaces es el acogimiento familiar, definido como una “intervención de apoyo caracterizada por la estabilidad, la continuidad y la planificación para permitir que el menor encuentre en otra familia el apoyo educativo, afectivo y material que su propia familia es temporalmente incapaz de darle” (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani & Cittalia, 2012, p. 160). Es una herramienta con un gran potencial, todavía con un procedimiento muy residual en Italia; pasó de 3% en 2020 a 1% en 2023, en gran medida, porque son adolescentes próximos a la edad adulta, a quienes no se les considera candidatos apropiados para el acogimiento familiar.

La autonomía como requisito para la inclusión

El concepto de autonomía, entendido más allá que de una mera capacidad de administrar un hogar, encontrar un trabajo u ocuparse de las tareas cotidianas, es la expresión de la libertad adquirida a través de la interiorización de la seguridad y la conciencia de poder actuar en el mundo, transformarlo y gobernarlo, percibiéndose como un sujeto actuante y competente (Bracalenti & Saglietti, 2011).

En este sentido, se presta atención a los factores de riesgo y de protección asociados a la experiencia que tienen los MAENAS. Es en el escenario de acogida donde deben diagnosticarse los recursos que posee el menor, así como en sus capacidades propias e institucionales para adaptarse al nuevo contexto. El proceso de adaptación puede considerarse como la forma en que los factores de riesgo y de protección se armonizan para permitir que el individuo se adapte suficientemente bien a su entorno (Cicchetti, 2008; Garmezy, 1993), adecuando la relación entre la persona y su contexto vital.

Entre los factores de protección del microsistema están los de la esfera de la subjetividad y del entorno más próximo al menor como son: buenos niveles de autoeficacia, agencia y autoestima; buena capacidad para procesar los cambios vitales y las propias emociones; buenas habilidades de afrontamiento y buen nivel de resiliencia; la migración como elección (autonomía de elección o mandato migratorio compartido); conocimiento de la lengua italiana y número de lenguas conocidas; calidad de las redes de amistad de compatriotas y de otras nacionalidades, incluida la presencia de amistades italianas y la presencia de progenitores y buen nivel relacional.

Con referencia a la dimensión meso-social, los factores de protección están representados por las relaciones sociales y los sistemas de apoyo, tanto organizados como informales, propios de este grupo de menores. Entre los primeros destacan los servicios sociales, educativos y sanitarios, cuyas intervenciones pretenden interrumpir o mitigar la cadena negativa de factores de riesgo a la que está expuesto el individuo y la activación de redes de apoyo. La importancia de estos servicios como factores de resiliencia va acompañada de una responsabilidad equivalente que la reducción de los recursos públicos y la burocratización de los propios servicios tienden a descargar en el operador individual.

Dentro del sistema macrosocial se incluyen las tendencias y fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales a escala nacional e internacional (políticas de regularización de documentos simplificados, pluralidad cultural y perspectivas de integración, presencia de financiación europea, etcétera). El supuesto subyacente es que cada uno de los factores, ya sean de protección o de riesgo, se relaciona con los demás y esta interacción modifica el comportamiento de los implicados (Wasserman & Faust, 1994). Una combinación funcional de factores de protección es sin duda adecuada para satisfacer sus necesidades.

La integración social (Di Rosa, 2022) recuerda más propiamente los aspectos culturales, la identidad, los procesos de participación social, la capacidad de establecer relaciones y gestionarlas de forma autónoma y, por último, de construir identidades no rígidas en una perspectiva de mediación cultural, sobre la base de las referencias culturales de las comunidades a las que pertenecen (Catarci & Rocchi, 2017). Debieran incluirse también aspectos como la educación y la movilidad socioeconómica, el acceso a la vivienda y a los servicios básicos, así como la capacidad de orientarse en el territorio.

En las experiencias de los menores, los factores de protección que contribuyen a prevenir las condiciones de vulnerabilidad están representados por elementos como: el éxito educativo, la presencia de figuras de referencia, la capacidad de reconstruir y reelaborar la propia historia, un buen nivel de autoestima, poder cultivar sueños y pasiones, o tener poder sobre el propio futuro (Devenney, 2017; Pandolfi, 2015).

Si bien es cierto que no pueden cambiar su pasado, a partir de una acogida individualizada caracterizada por la consolidación de factores de protección se les puede apoyar para que actúen sobre su presente y, especialmente, sobre su futuro. Los itinerarios de acompañamiento hacia la autonomía deberían estar previstos en el modus operandi regular como itinerarios adicionales respecto a lo que ofrecen los proyectos de acogida. El objetivo de estas medidas ha de ser apoyar a los menores en su salida del contexto de llegada mediante la personalización de las intervenciones y la activación de una red de referencia a la que el joven pueda remitirse.

Hacia una comunidad emancipadora

Ofrecer vías de acompañamiento para la autonomía de estos menores no puede prescindir de la redefinición del sentido de pertenencia a la comunidad de acogida (Sampson & Gifford, 2010): cuidar los contextos en los que viven los adolescentes migrantes, en términos de tiempo y espacios de compartir, fomentar nuevos lazos sociales y garantizar a todos ellos las mismas posibilidades de elección. La falta de sentido de pertenencia a un contexto puede desencadenar dinámicas de pasividad y falta de responsabilidad.

Resulta indispensable, en primer lugar, fomentar el sentimiento de pertenencia a un lugar y comunidad mediante la construcción de redes sociales que propicien una mayor estabilidad y el apoyo necesario para superar los momentos difíciles. Cuando existe un impedimento para que estos adolescentes accedan de forma efectiva a los espacios y recursos de una sociedad hay de hecho una negación del reconocimiento de su adolescencia.

Atravesar fases como la adolescencia debe ser funcional para asentarse, para construir una base segura, para acceder a oportunidades existenciales. Con frecuencia, la estigmatización que sufren estos menores tiene efectos inmediatos; su representación como sujetos marginales, con consecuencias sobre todo en su planificación vital: la sociedad y las instituciones que los tienen a su cargo, de hecho, crían a jóvenes adultos que no sienten que pertenecen a ella.

“Sin proximidad, sin escucha, no hay comunidad” (Byung-Chul, 2021, p. 53), es necesario centrarse en la necesidad de dejar espacio a la libertad de ser uno mismo. En el eje de la relación con los profesionales y la comunidad está la cuestión de su reconocimiento como personas únicas y singulares con necesidades peculiares que no pueden ser estandarizadas. Para ello, una persona debe ser vista y escuchada como individual por la comunidad y entendida con arreglo a su autopercepción constructiva dentro de un entorno en el que todas las personas sean igualmente valoradas, sus contribuciones apreciadas y aceptadas (Fraser, 2000).

La comunidad está llamada a ejercer la responsabilidad individual y colectiva haciendo visible la identidad de sus miembros. Se construye cuando sus integrantes intervienen con su especificidad personal, generacional, profesional e institucional para poner en marcha proyectos de crecimiento y de cambio en los que haya una implicación y un empoderamiento global y recíproco.

En este sentido, la cuestión de reconocer a los menores como titulares de derechos por los y las profesionales es esencial; por el contrario, cuando a los MAENAS se les representa como grupo impersonal se les niega el pleno acceso a la participación en la comunidad. El cuestionamiento de las prácticas homologadas y la búsqueda de estrategias que respondan mejor a sus necesidades es, por tanto, un reto complejo para los responsables de su educación e inclusión en la sociedad de acogida y en los contextos formales e informales donde estos jóvenes se enfrentan a nuevos desafíos existenciales.

Por estas razones, la intervención “fuera” del sistema de acogida es de gran efectividad para crear una comunidad en la que cooperen los sectores públicos, privados y el tercer sector, logrando una inclusión real en las esferas laboral, de la vivienda y sociocultural. Una comunidad se crea posibilitando vínculos estrechos y familiares entre el personal del centro, los tutores, las familias de apoyo o de acogida, las amistades o los empleadores u otros adultos que asumen el papel de puntos de referencia (Di Rosa, 2024).

En el sistema de acogida italiano existe una red diseñada para tales efectos a nivel formal, pero, a nivel operativo carece de eficacia y eficiencia. En la experiencia cotidiana profesional, a menudo faltan formas estables de coordinación y comparación, lo que impide a los menores vivir la acogida como una pluralidad de contextos y percibir cada fase o acción como parte de un proceso unitario (Argento, 2019). Redefinir el sistema de acogida en términos de “comunidad educadora” significa eliminar la idea de que la responsabilidad del crecimiento saludable de estos jóvenes es prerrogativa exclusiva de los actores institucionales (prefecturas, centros de acogida, concejales), así como fomentar la participación activa de toda la comunidad para hacerse cargo del futuro de estos jóvenes. Acciones operativas que pueden ser eficaces aluden a (Argento, 2023):

1. La creación de una red de empresas de acogida, llamadas a desempeñar un papel activo en la formación e integración de los menores.
2. La activación de experiencias de aprendizaje y socialización en las que participen compañeros y compañeras locales.
3. La difusión del dosier social que permita a la comunidad y a las y los menores construir futuros proyectos de forma compartida y coherente.
4. La construcción de una nueva narrativa basada en las vidas, experiencias y proyectos de los MAENAS.

Activar la comunidad es la manera de operar en términos de mediación entre las necesidades del usuario o usuaria, los recursos ofrecidos por los servicios y las oportunidades que se pueden activar en el territorio. Hacer trabajo comunitario significa precisamente construir redes, encontrar significados comunes, alimentar un sentido de identidad que, salvaguardando la historia y las raíces del territorio, sepa acoger la innovación al producir el cambio necesario para preparar una ciudadanía compartida.

No basta con trabajar solo sobre los menores: es necesario crear condiciones favorables para la inclusión a través de un proceso de cambio de los roles de quienes representan los distintos lugares a nivel comunitario. La intervención debe orientarse hacia la promoción de una cultura de acogida, que identifique espacios y colaboraciones con interlocutores o sujetos reconocidos en las distintas comunidades o agrupaciones de inmigrantes.

Implementar políticas territoriales ─especialmente en contextos fragmentados─ que promuevan potenciar el capital social y fomenten la agregación, el intercambio y el protagonismo de la intervención social junto a los múltiples actores existentes significa activar redes de apoyo social en torno a este colectivo, tanto para su bienestar psicosocial como para el acceso a mayores oportunidades de empleo (Mulvaney-Day et al., 2007); crear itinerarios de inclusión, que conecten relacionalmente a los diversos sujetos con los recursos de la comunidad local que podrían responder a las múltiples necesidades que tienen los MAENAS. Una red entre los diversos servicios permite un abordaje más completo de las diferentes necesidades de la persona (Catarci & Rocchi, 2017).

La construcción de un sentido de comunidad depende de las respuestas que los migrantes reciban del contexto: si prevalece una actitud discriminatoria y poco acogedora aumenta el riesgo de no poder activarse en una dirección resiliente. La activación de una relación directa con el territorio es esencial (Kohli & Mather, 2003; Lawrence, 1992) para fomentar procesos de autosuficiencia, la búsqueda de vías para regenerar el sentido de pertenencia perdido y ser responsable de la propia vida. Para ello, la experiencia solidaria, entendida como compromiso con la comunidad, puede contribuir eficazmente al camino de reconocimiento de las capacidades e identidades de los menores (“Il benessere dei minori”, 2018), y, por tanto, de su autoestima. Todo ello permitiría concretar el deseo de asentar nuevos vínculos para crear un sentido de pertenencia desde el que imaginar un futuro.

La construcción de una comunidad educativa emancipadora significa plantear una acogida abierta que valore cada singularidad y prepare a los MAENAS para ser miembros activos de una comunidad. Una comunidad es emancipadora si consigue difundir la práctica de la descentralización reflexiva combinada con la práctica de la razonabilidad. La descentralización reflexiva implica un ejercicio constante de reflexión sobre las dimensiones implícitas de las propias creencias, capaz de generar una mayor tolerancia y comprensión; la práctica de la razonabilidad, por su parte, refiere al hábito de sacar a la luz las razones subyacentes de las propias acciones y creencias.

Estos aspectos son esenciales para desarrollar actitudes de respeto hacia la diversidad y fomentar una negociación continua de significados. Una comunidad es emancipadora si logra, al mismo tiempo, considerar las consecuencias futuras de las elecciones del individuo en relación con los demás y se concreta en la capacidad de aspirar a un futuro común en una perspectiva de bienestar común.

Conclusiones

En el trabajo con los MAENAS, el enfoque interseccional y las prácticas comunitarias constituyen un posicionamiento deseable para comprender mejor sus especificidades, lejos de representaciones y categorías distorsionadas, representaciones estereotipadas y excluyentes. Este posicionamiento implica la centralidad de la persona con sus características, potencialidades y libertad de acción, que las considera no una emergencia, sino un componente estructural de la sociedad y busca poner en valor el capital social de los mismos. Estos efectos se declinan sobre los jóvenes migrantes en términos de agencia y empoderamiento, e inciden en sus capacidades y en el extraordinario potencial generativo de una confrontación con los directamente implicados.

Con vistas a la integración, el trabajo comunitario permite impulsar la creación de un tejido social inclusivo, al promover iniciativas dedicadas a la comunidad más que a los individuos y vincular a personas y grupos para emprender acciones comunes útiles para afrontar problemas y conflictos y desarrollar un sentimiento de pertenencia y bienestar social (Allegri, 2015; Twelvetrees, 2006).

Resulta crucial abandonar el mito de la meta, para centrarse en el camino que tienen por delante y convertirse en protagonistas activos y responsables de su propio proyecto de vida. Para los menores, además, alcanzar un nivel adecuado de autonomía significa tener la oportunidad de remodelar su propia narrativa, dejando atrás la dimensión fatalista de su destino, respecto a la cual, a menudo, se perciben impotentes y obligados a tomar decisiones heterodeterminadas por el sistema de políticas de acogida o por su propio mandato migratorio.

Para los actores que operan en el sistema de acogida, esto se traduce en entender a los menores como una oportunidad de contribuir al desarrollo de itinerarios de integración y, por tanto, también de influir en las políticas sociales y en la creación de una sociedad intercultural. Existe un amplio consenso en que, para frenar la propagación de los factores de riesgo de los itinerarios de acogida, la solución posible no es tanto regular la creación de nuevas instituciones o nuevos dispositivos para lograr cambios significativos, sino que la inclusión social, de hecho, es el resultado de las configuraciones innovadoras que pueden surgir de las prácticas sociales (Allegri, 2015; Polizzi et al., 2013) y la mayoría de las veces parten de microexperimentos capaces de generar lo inédito. Generar alude a los deseos y la voluntad de traer al mundo algo que no se ha realizado o que se concibe como irrealizable.

Una comunidad puede definirse como tal si logra conjugar identidad y alteridad; igualdad y diferencia; memoria, actualidad y potencial de futuro; diálogo entre personas, naciones, generaciones; eficacia y solidaridad. Para lograrlo, debe guiarse por una ética de la responsabilidad, la puesta en práctica de la agencia y un planteamiento de planificación prospectivo, es decir, que no olvide el presente, pero se plantee siempre el reto del mañana. Por lo tanto, es necesario reactivar las energías vitales, promover acciones de empoderamiento, ofrecer espacios adecuados de palabra y escucha, recuperar y reforzar la idea de una comunidad sólida capaz de apoyar a todos, incluidos los jóvenes migrantes, en su crecimiento personal y su búsqueda constante del bien común. Todo ello, en un escenario sometido a las dificultades derivadas de los nuevos planes implementados por el ejecutivo italiano y la búsqueda de una “alianza europea” sobre las migraciones.

Repensar la relación entre los debates teóricos realizados desde la academia y las herramientas implementadas en los servicios de acogida redundará en los menores, en las comunidades donde se asienten y en la conformación de las agendas y políticas de los Estados. No hacerlo, abocará a perpetuarlo como problema público y no como oportunidad política.

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Notas

¹ Por limitaciones de palabras permitidas, se utilizará MAENAS para hacer referencia a las y los menores y adolescentes extranjeros no acompañados y separados, aunque se tiene consciencia de que el uso de este tipo de denominación, así como el de MENA (menor extranjero no acompañado), puede dar lugar a invisibilizar la humanidad y diversidad de estos menores ya que el uso de las siglas puede comportar cosificación, falta de consideración de que bajo estas siglas hay personas en muy diversas situaciones, e implica rotulación y estereotipación que despoja de las posibles afectividades e implicaciones emocionales. A menudo se utiliza como etiqueta administrativa, como categoría analítica, como simplificación de un hecho social complejo cuyos protagonistas son personas. En la literatura científica y política se les nombra como MENA, esta forma de nombrar tan reduccionista tiende a menudo a asociarse con nociones negativas, peyorativas y delictivas. La expresión menor no acompañado solo se utiliza en Italia y no se comparte en el contexto europeo e internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aboga por la expresión niños separados: menores de 18 años que se encuentran fuera de su país de origen y que están separados de ambos progenitores o de un adulto responsable de su protección. Esta definición se creó para incluir y proteger también a los menores que están acompañados cuyos cuidadores no son apropiados para asumir su responsabilidad (Tomasi, 2020).

² De acuerdo con las entradas de 2022, de los niños y jóvenes que llegaron 70% eran no acompañados o separados (International Organization for Migration, 2023).

³ Conocida como Ley Zampa porque toma su nombre de la senadora Sandra Zampa (17G00062, Gazzeta Ufficiale. Serie Generale n.93, del 21 de abril de 2017). En vigor desde el 6 de mayo de 2017.

⁴ Trabajo de campo realizado a través del proyecto SAAMA (por sus siglas en italiano para Estrategias de Acompañamiento a la Autonomía de los Menores Acompañados) en Agrigento (Sicilia) 2019-2022.

⁵ Ese año se alcanzó, según la Dirección General de Inmigración y Políticas de Integración, un total de18 303 menores extranjeros no acompañados en Italia.

⁶ Ley 132 (1 de diciembre de 2018). Convierte en ley, con modificaciones, al decreto-ley 113, del 4 de octubre de 2018, por la que se establecen disposiciones urgentes en materia de protección internacional e inmigración, seguridad pública, así como medidas para la funcionalidad del Ministerio del Interior y la organización y funcionamiento de la Agencia Nacional de Administración y Destino de Bienes Incautados y Confiscados al Crimen Organizado. Delega facultades al Gobierno sobre la reorganización de las funciones y carreras del personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas (18G00161, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n281, 3 de diciembre de 2018. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/SG)

⁷ Ley 176 del 1 de diciembre de 2023. Convierte en ley, con modificaciones, al decreto-ley 133, del 5 de octubre de 2023, la que contiene disposiciones urgentes en materia de inmigración y protección internacional, políticas de seguridad y la funcionalidad del Ministerio del Interior.

⁸ Son órganos administrativos en las prefecturas donde se comprueban los requisitos para el reconocimiento de la protección internacional o de la protección especial del solicitante, con base en la historia personal del solicitante y las razones de salida del país de ciudadanía o residencia.

Gabriella Argento
Italiana. Doctorada en estudios migratorios por el Programa Interuniversitario de la Universidad de Jaén-Granada-Pablo de Olavide, España. Profesora a tiempo parcial de trabajo social, Departamento de Cultura y Sociedad en la Università degli Studi di Palermo. Líneas de investigación: menores no acompañados y segundas generaciones: prácticas de acogida y experiencias de integración; orientación narrativa entre las prácticas de inclusión de los menores extranjeros no acompañados, en particular en la transición a la mayoría de edad; encuesta cualitativa sobre la pobreza en el trabajo social. Publicación reciente: Gucciardo, G. & Argento, G. (2023). Social capital. En M. T. Gijón Sánchez & M. B. Morata García de la Puerta (Coords.), Glossary on good practices in the field of social work and human mobility (pp. 81-83). Global-Answer Network “Social Work and Human Mobility”.

Belén Blázquez Vilaplana
Española. Doctorada en ciencias políticas y de la administración por la Universidad de Granada, España. Profesora titular del área de ciencias políticas y de la administración en la Universidad de Jaén, España. Vicedecana de Calidad y Planificación en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén. Líneas de investigación: políticas públicas de igualdad de género; violencia de género; migraciones. Publicación reciente: Argento, G. & Blázquez Vilaplana, B. (2024). Menores migrantes no acompañados en Italia o cómo analizar la situación de los menores extranjeros no acompañados en Italia. En V. Cabedo Mallol & I. Ravetllat Ballesté (Coords.), Los derechos de la infancia y la adolescencia en contextos migratorios (pp. 387-438). Tirant lo Blanch.

Belén Agrela-Romero
Española. Doctorada en antropología y bienestar social por la Universidad de Granada. Profesora titular en trabajo social. Coordinadora local del Programa de doctorado en estudios migratorios de la Universidad de Granada-Universidad de Jaén-Universidad Pablo de Olavide. Líneas de investigación: migraciones, género, trabajo social, políticas sociales. Publicación reciente: Cuadra Durán, C. & Agrela Romero, B. (2024). Cuidar(nos) en comunidad: mujeres (in)migradas, resistencias y sostenimientos en colectivo. Athenea Digital, 24(2), Artículo e3475. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.3475

Roberta Teresa Di Rosa
Italiana. Doctorada en sociología por la Università di Pisa. Catedrática en el Departamento de Cultura y Sociedad de la Università degli Studi di Palermo, Italia. Líneas de investigación: competencias interculturales en las profesiones de ayuda para un servicio social transcultural; mediación, trabajo social para la convivencia democrática y proyectos de desarrollo participativo; trabajo social digital. Publicación reciente: Di Rosa, R. T. (2024). Relational challenges for social workers with unaccompanied migrant minors. En R. T. Di Rosa, & G. Tumminelli (Eds.), Empowering migrant inclusion (UNIPA Springer Series). Springer.

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