| Artículos | Estudios Fronterizos, vol. 26, 2025, e177 |
https://doi.org/10.21670/ref.2519177
Las concepciones y prácticas de la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad en el control migratorio fronterizo latinoamericano
Conceptions and practices of management, governance, and governability in Latin American border migration control
Fernando
Neira-Orjuelaa
*
https://orcid.org/0000-0002-8118-4053
a Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Ciudad de México, México, correo electrónico: ferneira@unam.mx
* Autor para correspondencia: Fernando Neira-Orjuela. Correo electrónico: ferneira@unam.mx
Recibido el
30
de
abril
de
2025.
Aceptado el
03
de
diciembre
de
2025.
Publicado el 12 de diciembre de 2025.
| CÓMO CITAR: Neira-Orjuela, F. (2025). Las concepciones y prácticas de la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad en el control migratorio fronterizo latinoamericano. Estudios Fronterizos, 26, Artículo e177. https://doi.org/10.21670/ref.2519177 |
Resumen:
Se analizan críticamente los conceptos de gestión, gobernanza y gobernabilidad en el control migratorio fronterizo latinoamericano, destacan sus diferencias teóricas y prácticas, así como sus implicaciones en políticas e instituciones. Desde una revisión documental y un enfoque cualitativo-comparativo, se examinan marcos normativos, discursos institucionales y prácticas operativas implementadas por Estados y organismos multilaterales. Los hallazgos muestran que la gestión migratoria, presentada como herramienta técnica, se convierte en un dispositivo de legitimación de medidas securitarias y de exclusión bajo narrativas de eficiencia y orden. La gobernanza, promovida como cooperación multiactoral, enfrenta tensiones entre seguridad, desarrollo y derechos humanos que reproducen asimetrías globales y limitan la participación efectiva de la sociedad civil. La gobernabilidad, por su parte, evidencia fragilidades institucionales y la prevalencia de enfoques restrictivos. El estudio concluye que estas categorías no son neutras sino campos de disputa política y plantea la necesidad de marcos alternativos orientados a justicia migratoria y derechos humanos.
Palabras clave:
gestión migratoria,
gobernanza,
gobernabilidad,
control fronterizo,
derechos humanos.
Abstract:
The concepts of management, governance, and governability in Latin American border migration control are critically analyzed, highlighting their theoretical and practical differences as well as their implications for policies and institutions. Drawing on a documentary review and a qualitative-comparative approach, regulatory frameworks, institutional discourses, and operational practices implemented by states and multilateral organizations are examined. The findings show that migration management, presented as a technical tool, becomes a mechanism for legitimizing securitarian and exclusionary measures under narratives of efficiency and order. Governance, promoted as multi-actor cooperation, faces tensions between security, development and human rights, reproducing global asymmetries and limiting the effective participation of civil society. Governability, in turn, reveals institutional weaknesses and the predominance of restrictive approaches. The study concludes that these categories are not neutral but rather fields of political contestation and calls for alternative frameworks oriented toward migration justice and the protection of human rights.
Keywords:
migration management,
governance,
governability,
border control,
human rights.
Introducción
A lo largo del siglo XXI, la migración se ha consolidado como uno de los fenómenos más complejos y estructurales que enfrentan tanto los países receptores como los expulsores de población. Su impacto trasciende las dimensiones demográficas, constituyéndose en un eje central de las agendas políticas, socioeconómicas y humanitarias a escala global. Desde la década de 1990, el incremento sostenido de la migración irregular ha intensificado los debates en torno al control fronterizo y las respuestas estatales ante la movilidad humana.
En este contexto, la investigación académica ha buscado evaluar, comparar y sistematizar las políticas migratorias, prestando especial atención a aquellas orientadas a regular los flujos irregulares. Durante las últimas tres décadas, el lenguaje conceptual utilizado para abordar estas dinámicas ha incorporado nociones como gestión, gobernanza y gobernabilidad, que han permeado los discursos de actores políticos, instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y sectores empresariales. Estas categorías no solo representan perspectivas teóricas, sino que también orientan prácticas institucionales concretas destinadas a enfrentar los desafíos contemporáneos de la movilidad humana.
La literatura especializada, sin embargo, evidencia una tendencia a emplear estos términos de manera indistinta, sin atender a sus diferencias teóricas ni a sus implicaciones prácticas. Esta falta de precisión conceptual genera ambigüedades en el análisis discursivo y en el diseño de políticas migratorias e invisibiliza los marcos normativos que las sustentan. Confundir la gestión operativa de los flujos migratorios con procesos más amplios de gobernanza ─que implican la articulación de múltiples actores y niveles de decisión─ o con la gobernabilidad ─que alude a la capacidad institucional y a la legitimidad del sistema político─ dificulta la construcción de políticas coherentes, sostenibles y basadas en los derechos humanos. En consecuencia, persiste el riesgo de reproducir definiciones fragmentadas, tecnocráticas o reactivas que no abordan las causas estructurales de la movilidad ni garantizan respuestas estatales eficaces y legítimas.
El objetivo de este artículo es analizar críticamente los conceptos de gestión, gobernanza y gobernabilidad en el control migratorio fronterizo, subrayando sus diferencias teóricas y prácticas, así como su aplicación en políticas e instituciones en el contexto latinoamericano. La hipótesis que orienta este trabajo parte de la idea de que, lejos de promover una protección efectiva de los derechos de las personas migrantes, las concepciones contemporáneas de gestión, gobernanza y gobernabilidad en el ámbito fronterizo operan como dispositivos discursivos que legitiman prácticas de exclusión, de seguridad y externalización del control, que refuerzan dinámicas de desigualdad y violencia estructural. En este marco, la pregunta central del trabajo es: ¿cómo se utilizan los conceptos de gestión, gobernanza y gobernabilidad en los discursos y prácticas de control migratorio fronterizo, y de qué manera contribuyen a legitimar procesos de securitización y exclusión de las personas migrantes en América Latina?
El principal aporte de este trabajo radica en desentrañar las diferencias conceptuales y operativas entre estas categorías para evidenciar su influencia en la formulación de políticas migratorias y en la producción de narrativas institucionales. Con ello se busca fortalecer un debate académico que supere las lecturas superficiales o tecnocráticas y avance hacia un análisis crítico de la movilidad humana centrado en los derechos, la equidad y la justicia social.
Para responder al objetivo planteado se diseñó una estrategia metodológica cualitativa basada en dos dimensiones: a) en un análisis conceptual en el que se realizó una reconstrucción genealógica de los términos gestión, gobernanza y gobernabilidad en los estudios migratorios, que identifica sus orígenes, transformaciones y los usos contemporáneos en el campo académico y político; b) en las prácticas institucionales donde se estudiaron los mecanismos operativos implementados por actores estatales y multilaterales ─como dispositivos de vigilancia, procesos de regularización y programas de control─ para identificar cómo los conceptos se traducen en acciones concretas.
La información fue recolectada mediante una búsqueda sistemática en bases de datos académicas internacionales (Scopus, SciELO, Redalyc, EBSCO, Dialnet) y repositorios especializados (REBID, Latindex), complementada con la revisión de bibliografía impresa. Las fuentes incluyeron documentos oficiales de organismos multilaterales (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], entre otros), también de informes gubernamentales sobre control migratorio y literatura académica especializada.
La selección documental siguió tres criterios: pertinencia temática ─materiales vinculados a políticas y discursos de control migratorio y gobernanza─, actualidad ─textos de 2000 a la fecha de este escrito─ y diversidad institucional ─fuentes estatales, multilaterales y críticas (OIM y academia)─. El análisis se realizó mediante una lectura exploratoria inicial, seguida de una organización del corpus por tipo de actor (gubernamental, multilateral y crítico).
La estrategia analítica combinó el análisis de contenido dirigido y el análisis crítico del discurso, focalizada en dos aspectos: a) los marcos interpretativos dominantes en torno a gestión, gobernanza y gobernabilidad; b) los usos de cada término en los discursos y prácticas institucionales y normativas. Este enfoque permitió identificar continuidades conceptuales y apropiaciones diferenciadas en distintos niveles de acción estatal y multilateral. La integración de estos procedimientos metodológicos fortaleció la coherencia entre los objetivos y los hallazgos, al mostrar de manera transparente la selección del corpus documental, los criterios de análisis y la lógica interpretativa empleada.
El artículo está organizado en dos apartados principales: el primero discute los orígenes, enfoques y características de los conceptos de gestión, gobernanza y gobernabilidad; el segundo examina su puesta en práctica en el ámbito latinoamericano, a partir de experiencias concretas y estudios de caso.
Orígenes y características de la noción de gestión, gobernanza y gobernabilidad
Gestión
El concepto de gestión tiene su origen en el latín gestus, derivado de gerere, que significa ejecutar, conducir o dirigir una acción (Huergo, 2003, p. 1). Desde su raíz, gestionar implica coordinar esfuerzos para alcanzar fines comunes, ejecutar proyectos y organizar recursos. Esta acepción fue ampliada por autores como Frederick W. Taylor (1856-1915) y Henry Fayol (1916), quienes establecieron las bases de la administración moderna al vincular la gestión con la eficiencia y la planificación estructural de las organizaciones (Said Sulleman, 2019, p. 11). Posteriormente, Mary Parker Follett y Peter Drucker (1954) incorporaron la dimensión participativa y estratégica, al definir la gestión como un proceso de articulación de recursos humanos, técnicos y políticos orientado al logro de objetivos colectivos (López Carrizosa, 2008, p. 14).
Huergo (2003) advierte que la gestión trasciende la mera administración eficiente de recursos, pues implica también prácticas de poder y construcción de consensos. En el campo de las políticas públicas, este concepto se afianzó como un enfoque integral que combina la coordinación de recursos con la legitimación institucional, y se adaptó a las demandas de eficiencia y gobernabilidad democrática (Aguilar, 2007, p. 22).
El vínculo entre gestión y migración se consolidó hacia el final de la Guerra Fría, cuando los flujos migratorios comenzaron a percibirse como un riesgo global (Kalm, 2010; Kron, 2011). En ese contexto, surgió la noción de gestión migratoria, influenciada por las reformas administrativas orientadas a la eficiencia estatal. Geiger y Pécoud (2010) sostienen que la gestión se transformó en una categoría empleada por actores públicos y privados para justificar intervenciones migratorias, lo que creó un marco de acción global.
Bimal Ghosh, considerado pionero del concepto, propuso en la década de 1990 una tercera vía entre la apertura total y el cierre de fronteras, abogaba por un modelo que conciliara intereses estatales y humanitarios (Domenech, 2008; Estupiñán Serrano, 2013). No obstante, Kalm (2010) advierte que el discurso de la gestión migratoria, aunque presentado como liberal y pragmático, terminó legitimando prácticas restrictivas y de control. Pécoud agrega a esa idea que una migración “bien gestionada” funciona como lenguaje tranquilizador que oculta las lógicas de exclusión bajo el discurso de la eficiencia (Pécoud, 2018, p. 38).
En este sentido, la gestión migratoria opera tanto como herramienta técnica como recurso retórico. Legitima acciones estatales bajo el argumento de la eficacia, al articular mecanismos de control fronterizo, regularización y vigilancia biométrica (Neira Orjuela, 2023). Bigo (2002) denomina ban-opticon a este entramado de vigilancia y exclusión, en el que las tecnologías de control se justifican en nombre de la seguridad. Desde esta perspectiva, la gestión migratoria se asemeja a un dispositivo de gubernamentalidad, mediante el cual los Estados regulan la movilidad y producen poblaciones gobernables (Foucault, 2007).
Autores como Mezzadra y Neilson amplían este análisis desde una perspectiva crítica al interpretar las fronteras como mecanismos de gestión diferencial de la movilidad, donde no se bloquean los flujos, sino que se filtran y jerarquizan. En su concepto de inclusión diferencial, consideran que los migrantes pueden estar sujetos a diferentes grados de subordinación, comando, discriminación y segmentación (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 245). En esta misma línea, Georgi (2010) señala que la gestión migratoria reproduce las estructuras hegemónicas del Norte Global al subordinar la movilidad a criterios de rentabilidad.
Mirado desde un enfoque foucaultiano, el poder sobre la migración no se limita a reprimir, sino a producir formas de vida reguladas mediante controles, visados, detenciones y deportaciones. Como plantean Gammeltoft-Hansen y Nyberg Sørensen, la externalización y privatización de controles migratorios responden a una racionalidad neoliberal que transfiere responsabilidades soberanas a actores privados y terceros Estados (Gammeltoft-Hansen & Nyberg Sørensen, 2013, p. 12). Delgado Wise (2018), por su parte, y desde una perspectiva gramsciana, complementa esta crítica al denunciar que el discurso gerencial de la “gestión de flujos” encubre las desigualdades estructurales del capitalismo global y la explotación de la fuerza de trabajo migrante.
En oposición a enfoques centrados en la imposición, Mezzadra y Neilson conciben la migración como un acto de agencia y resistencia. Sostienen que las luchas por moverse generan dinámicas políticas capaces de cuestionar las formas de control. Para ellos, las personas migrantes no son meros receptores de decisiones estatales, sino que disputan las prácticas de gestión y soberanía, lo que demuestra que el poder jamás es absoluto. Esto crea disonancias, interferencias e interrupciones que resuenan más allá del momento de cruzar la frontera (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 207).
En esta explicación, Mezzadra y Neilson sostienen que las acciones colectivas de las personas migrantes no se reducen a oponerse al control, sino que también generan nuevos sujetos políticos y abren posibilidades emancipadoras. Asimismo, los autores cuestionan la idea de que la gestión migratoria sea un proceso meramente técnico o neutro, y subrayan que la movilidad es un campo de disputa donde emergen subjetividades políticas y prácticas de resistencia frente al orden hegemónico (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 274). Desde esta mirada, la gestión migratoria funciona a la vez como dispositivo de control y como espacio de confrontación y resignificación social.
Gobernanza
El concepto de gobernanza proviene del verbo latino gubernare, cuyo significado original es “pilotear una nave”, y que posteriormente se asoció con el arte de gobernar. En francés, gouvernance aparece en el siglo XV, utilizado por Carlos de Orléans para referirse al ejercicio del gobierno. Su uso moderno resurgió en 1937 dentro de los estudios de corporate governance en Estados Unidos, orientados a la organización y eficiencia empresarial (Launay, 2005, p. 93).
Gradualmente, el término trascendió el ámbito corporativo y fue adoptado por las ciencias políticas y la administración pública hacia finales del siglo XX. En este contexto, gobernanza comenzó a describirse como una forma de gobierno caracterizada por la participación de múltiples actores ─estatales, privados y sociales─ en el diseño y ejecución de políticas públicas (Aguilar, 2007, p. 19). Según Calame (2003), su incorporación en las instituciones internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, desde 1989, buscó adaptar las estructuras estatales a los principios del liberalismo económico. Así, la gobernanza, presentada como una noción técnica, ha tenido profundas implicaciones políticas al debilitar la función redistributiva del Estado y subordinarla a la lógica del mercado global (Calame, 2003, p. 13).
En las ciencias sociales, el concepto de gobernanza ha generado debates sobre su relación con el de gobierno. Mientras este último remite a estructuras jerárquicas y centralizadas sustentadas en la autoridad estatal, la gobernanza se asocia con redes horizontales y cooperativas de toma de decisiones (Farinós Dasí, 2008, p. 12). Aguilar, por su parte, la define como un proceso mediante el cual la sociedad y el gobierno determinan objetivos comunes, distribuyen responsabilidades y articulan acciones para alcanzarlos, con énfasis en la corresponsabilidad entre actores públicos y privados (Aguilar, 2007, p. 8).
La globalización transformó profundamente la soberanía estatal, lo que generó nuevas formas de interdependencia y obligó a crear marcos institucionales cooperativos. De este modo surge la idea de gobernanza global (Mezzadra & Neilson, 2016), en la que el Estado deja de ser el único actor y comparte autoridad con organismos multilaterales, agencias internacionales y actores transnacionales.
En este marco, la gobernanza migratoria emergió en la década de 1990 como respuesta a los retos de la movilidad humana transnacional. La Comisión sobre Gobernanza Global (1993-1994) la definió como “la suma de los diversos modos en que individuos e instituciones, públicas y privadas, organizan sus asuntos comunes mediante procesos continuos de conciliación de intereses y acciones cooperativas” (Estupiñán Serrano, 2013; Pécoud, 2018). Posteriormente, la Comisión Mundial sobre la Migración Internacional (2005) amplió esta noción, al destacar que la gobernanza migratoria debía integrar tanto las políticas nacionales como los mecanismos de cooperación internacional.
Desde entonces, la gobernanza migratoria se ha configurado como un entramado multinivel en el que interactúan factores jurídicos, políticos e institucionales a escala local, regional y global. Newland (2005) enfatiza que su propósito principal es coordinar la acción de los gobiernos frente a desafíos transfronterizos, aunque persisten tensiones sobre sus alcances y objetivos. La OIM (2019, p. 103) define la gobernanza migratoria como el conjunto de marcos normativos, leyes, estructuras organizativas y procesos que regulan la acción estatal en materia migratoria, que promueve la cooperación internacional como condición esencial para una gestión efectiva.
Desde la perspectiva crítica, Mezzadra y Neilson plantean que la gobernanza migratoria va más allá de la mera coordinación entre Estados e incluye una serie de “conflictos de régimen” entre organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades de seguridad y gobiernos nacionales (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 280). Las fronteras se convierten, así, en espacios de experimentación y articulación donde confluyen prácticas soberanas y transnacionales de control. Desde una óptica gramsciana, Delgado Wise advierte que la participación de la sociedad civil en foros de gobernanza global suele operar en “espacios invitados”, definidos por las reglas de los actores hegemónicos, que limitan su capacidad contrahegemónica (Delgado Wise, 2018, p. 29). De manera similar, Domenech señala que la gobernanza migratoria, presentada como cooperación técnica, refuerza la externalización del control y la subordinación internacional de los derechos humanos (Domenech, 2021, p. 47).
Betts amplía la discusión, propone distinguir niveles de gobernanza según el tipo de migración: multilateral para las migraciones forzadas, regional para la migración laboral irregular y bilateral o unilateral para la migración altamente calificada. Según este autor, el desafío principal consiste en equilibrar las dimensiones de seguridad, economía y derechos humanos. Observa, además, que la migración carece de un marco institucional coherente, que configura en cambio una “gobernanza global fragmentada”, compuesta por instituciones y niveles diversos ─multilateral, regional, bilateral e informal─ y marcada por la ausencia de una supervisión normativa efectiva (Betts, 2011, p. 4). Advierte que la gobernanza puede consolidar una hegemonía internacional que legitima prácticas de exclusión bajo el lenguaje de cooperación y gestión. Al respecto, Mezzadra y Neilson señalan que conceptos tales como governance, gubernamentalidad y régimen gubernamental, una vez que son entendidos críticamente, permiten comprender algunas de las transformaciones políticas cruciales que se encuentran vinculadas a los procesos globales que se ven cristalizados en las fronteras (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 270).
Refieren también los autores que la gobernanza tiende a presentarse a sí misma dentro de los regímenes emergentes de la migración y las fronteras, como un proceso simple de persuasión sin coerción (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 276). Pero ello no ocurre así, pues en la práctica suele reproducir asimetrías globales y jerarquías de poder. Por eso consideran que solo una perspectiva crítica que integre derechos humanos, justicia migratoria y participación real de la sociedad civil puede reorientar este concepto hacia un paradigma de movilidad verdaderamente inclusivo.
Gobernabilidad
El término gobernabilidad, derivado etimológicamente de la cualidad de ser gobernable (Camou, 2016, p. 15), emergió como categoría analítica en la década de 1970, cuando O’Connor (1973) identificó la crisis fiscal del Estado capitalista como un desafío a su capacidad de gobierno (Aguilar, 2007). Este planteamiento fue reforzado por el Informe Trilateral (1975), que analizó la estabilidad de las democracias industriales frente a las crecientes demandas sociales (González Villarreal, 2010, p. 9).
Durante la década de 1980, el concepto evolucionó de diagnóstico coyuntural a categoría teórica, adoptando un enfoque predominantemente estatocéntrico. Como advierte Aguilar (2007, p. 14), dicha perspectiva partía del supuesto de una sociedad caótica que requería la intervención estatal para su ordenamiento, y omitía las capacidades de autoorganización de la sociedad civil. Este giro abrió paso a debates sobre modelos más participativos de gobernabilidad.
Camou (2016, pp. 17-18) identifica tres componentes esenciales del concepto: la eficacia en la implementación de políticas, la legitimidad institucional y la estabilidad del sistema político. Estos elementos reflejan su doble naturaleza: por un lado, describen capacidades institucionales reales; por otro, prescriben ideales normativos, situándose entre el análisis empírico y el proyecto político.
En el contexto contemporáneo de movilidad humana, la gobernabilidad migratoria ha adquirido relevancia como marco analítico. Domenech (2018) señala que su uso en los estudios migratorios comenzó en la década de 1990, frecuentemente se solapaba con el de gestión migratoria, aunque con diferencias sustantivas. Mármora, por su parte, distingue tres modelos paradigmáticos: el de securitización, centrado en la seguridad nacional y la criminalización de la migración irregular; el de beneficios compartidos, de corte utilitario; y el de desarrollo humano, orientado a los derechos fundamentales (Mármora, 2010, p. 76). Domenech amplía este marco al identificar nueve rasgos característicos, entre ellos la “apertura regulada”, el enfoque costo-beneficio, la clasificación binaria de flujos (deseables/no deseables) y la combinación entre control direccional y retórica humanitaria (Domenech, 2021, p. 148).
Mezzadra y Neilson proponen entender la securitización como un ensamblaje flexible que regula tanto la inclusión como la exclusión, y articula discursos humanitarios con prácticas de control (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 298). En este sentido, la migración se convierte en un laboratorio para repensar la gobernabilidad global: las fronteras administran la movilidad, diferencian a las personas y generan barreras de exclusión (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 286).
Lo que se encuentra aquí son importantes desafíos teóricos y prácticos. De ahí que Mármora advierte la brecha entre teoría y aplicación, señala que “la mayoría de los Estados no han logrado una gobernabilidad efectiva” (Mármora, 2010, p. 86) debido a factores como el oportunismo político, los nacionalismos restrictivos, la opacidad institucional y la débil transferencia del conocimiento académico hacia las políticas públicas. Camou coincide al afirmar que el problema central de la política reside en “el ejercicio eficaz/eficiente del poder y el mantenimiento del grado de gobierno sobre una sociedad” (Camou, 2016, p. 24). En el ámbito migratorio, esta lógica se traduce, entonces, en estrategia de control fronterizo y securitización, donde la eficacia prevalece sobre la legitimidad democrática. Stang también observa que la noción de “migración segura” posee un doble sentido: proteger tanto al migrante como a la sociedad nacional de los posibles riesgos asociados a la movilidad (Stang, 2016, p. 94).
En esta complejidad explicativa, Mezzadra y Neilson introducen la idea de la “máquina soberana de la gubernamentalidad”, en la que el control fronterizo combina soberanía estatal, racionalidad neoliberal y discurso humanitario (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 310). Magliano (2015) complementa esta visión desde un enfoque latinoamericano, subrayando que los discursos estatales sobre derechos humanos coexisten con prácticas de exclusión que afectan especialmente a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva crítica, Camou plantea que un sistema es más gobernable en la medida en que exhibe mayor capacidad de adaptación y flexibilidad institucional ante los cambios del entorno (Camou, 2016, p. 27). Aplicado a la migración, esto implica que la gobernabilidad no depende solo del control de flujos, sino de la capacidad institucional para responder a fenómenos cambiantes, como crisis humanitarias o desplazamientos masivos. En la misma línea, Stang (2016) propone repensar la gobernabilidad migratoria desde una lógica que reconozca la agencia y subjetividad de los migrantes.
En esta discusión, Mezzadra y Neilson consideran necesario destacar la autonomía de la migración frente al control, señalan que los desplazamientos deben entenderse como movimientos sociales que constantemente desbordan los intentos de gobierno. Hablan de una “multiplicación de fronteras” que determinan tecnologías de zonificación y seguridad que hacen que el espacio global sea todo menos liso (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 308) donde los migrantes rehúsan ser completamente subordinados y actúan como sujetos políticos que resisten y reconfiguran los regímenes de control.
Los planteamientos de Mezzadra y Neilson tienen la importancia que permite comprender la migración no solo como objeto de gestión o gobernanza institucional, sino como un terreno de resistencia y creación política. Los migrantes y sus organizaciones reconfiguran los marcos de poder y tensionan la pretendida neutralidad de la gobernanza, en la medida en que las fronteras globales permiten el libre movimiento del capital mientras restringen la movilidad de los cuerpos, afectan directamente la inserción laboral de las personas migrantes (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 46).
En síntesis, el concepto de gobernabilidad ha evolucionado desde su origen como diagnóstico de crisis estatal hasta convertirse en una categoría analítica compleja, atravesada por tensiones entre capacidad institucional, legitimidad política y estabilidad social. Su aplicación al ámbito migratorio revela la coexistencia de enfoques securitarios, utilitarios y centrados en derechos humanos, aunque persiste una brecha significativa entre los marcos teóricos y su implementación efectiva. Las resistencias políticas, los nacionalismos excluyentes y las deficiencias institucionales limitan la construcción de una gobernabilidad migratoria verdaderamente inclusiva. De ahí la necesidad de repensar los modelos vigentes de gobernabilidad e impulsar enfoques participativos que coloquen la dignidad humana y la justicia social en el centro de las políticas migratorias.
Semejanzas y divergencias
En este punto del análisis, resulta pertinente señalar las convergencias entre la gobernanza migratoria y la gobernabilidad, ya que ambas se encuentran estrechamente interrelacionadas: la primera depende de la segunda para su efectividad. La gobernanza promueve la cooperación internacional y la articulación de múltiples actores, pero su éxito requiere de un contexto de gobernabilidad, entendido como la capacidad estatal para implementar políticas de manera legítima y eficaz. Mientras la gobernanza define los marcos de coordinación y participación, la gobernabilidad determina si las instituciones disponen de los recursos, la legitimidad y la aceptación social necesarios para que esas políticas se materialicen. En contextos de debilidad institucional, opacidad administrativa o nacionalismos excluyentes, como ocurre en varias regiones de América Latina, la falta de gobernabilidad restringe el alcance de la gobernanza, que genera una brecha entre los discursos inclusivos y las prácticas restrictivas (Domenech, 2018). De este modo, una gobernanza migratoria sólida requiere cimientos firmes de gobernabilidad que garanticen no solo la cooperación, sino también la capacidad real de los Estados para responder a los desafíos migratorios de forma sostenible y legítima.
Por otra parte, mientras la gestión se asocia al ámbito nacional y a la ejecución práctica de políticas (control fronterizo, regularización, programas específicos), la gobernanza se orienta al plano político y económico internacional, donde se articulan las decisiones multilaterales y las agendas globales (Mármora, 2010; Mezzadra & Neilson, 2016). Ambas son complementarias: la gestión proporciona los mecanismos operativos, mientras la gobernanza define los marcos normativos y de cooperación. Sin embargo, como advierten Geiger y Pécoud (2010) y Kalm (2010), ambas pueden funcionar como herramientas de control y seguridad subordinadas a los intereses estratégicos de los Estados.
El tránsito desde un modelo jerárquico de gobierno hacia uno basado en la gobernanza relacional no elimina, sin embargo, las tensiones inherentes al ejercicio del poder. Es aquí donde cobra relevancia la gobernabilidad, concebida como la capacidad de los sistemas políticos para mantener el orden, responder a las demandas sociales y asegurar la estabilidad, incluso en escenarios de fragmentación de la autoridad (Camou, 2016). La gobernanza redefine los mecanismos de coordinación y participación, pero la gobernabilidad continúa siendo la condición estructural que permite que esos mecanismos sean funcionales y sostenibles a lo largo del tiempo.
Caracterizados los conceptos abordados, puede afirmarse que existe una interdependencia estructural entre ellos. Gestión, gobernanza y gobernabilidad constituyen dimensiones complementarias del ejercicio contemporáneo del poder. La gestión provee los instrumentos técnicos y administrativos para la ejecución de políticas; la gobernanza organiza los marcos de cooperación entre actores estatales y no estatales; y la gobernabilidad asegura la cohesión, legitimidad y estabilidad del sistema político e institucional que las sustenta. Ninguna de estas dimensiones puede operar de manera aislada: sin una gestión eficaz, la gobernanza carece de capacidad operativa; sin mecanismos de gobernanza inclusiva, la gestión se vuelve vertical y limitada; y sin gobernabilidad, ambas pierden estabilidad y viabilidad a largo plazo.
Estos tres conceptos forman un triángulo analítico interdependiente en el ámbito del control migratorio. La gestión ejecuta las acciones concretas; la gobernanza diseña los marcos de cooperación y coordinación; y la gobernabilidad evalúa su legitimidad y viabilidad. En conjunto, reflejan la complejidad de administrar la movilidad humana en un mundo globalizado, donde el equilibrio entre control, derechos y cooperación resulta esencial. No obstante, esta interrelación también revela tensiones: la gestión y la gobernanza pueden ser cooptadas por agendas securitarias o tecnocráticas, mientras que la gobernabilidad expone las limitaciones estructurales de los Estados para implementar políticas equitativas. Por ello, repensar estas categorías desde enfoques críticos y centrados en la dignidad humana es fundamental para construir regímenes migratorios más justos y democráticos.
Finalmente, es necesario precisar las diferencias entre estos tres conceptos, cuya distinción analítica resulta clave. La gobernabilidad alude a la capacidad del Estado para dar respuestas efectivas y legítimas; la gobernanza, a los procesos de coordinación multiactoral que facilitan la cooperación y la corresponsabilidad; y la gestión, a la implementación práctica y operativa de las políticas migratorias. En términos funcionales, la gestión se ocupa del nivel burocrático y administrativo; la gobernanza abarca los procesos discursivos e intergubernamentales; y la gobernabilidad se enfoca en las capacidades institucionales y la legitimidad política. Como advierten Geiger y Pécoud (2010), estos tres enfoques constituyen formas de gobierno con actores, prácticas y énfasis analíticos distintos, pero coinciden en que todos pueden operar como mecanismos de regulación y control, orientados a administrar la movilidad más que a transformarla estructuralmente.
Las prácticas políticas e institucionales de la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad en la migración
Las prácticas políticas e institucionales asociadas a los conceptos de gestión, gobernanza y gobernabilidad reflejan las distintas formas en que los Estados y organismos internacionales intervienen, regulan y justifican el control de la movilidad humana. En conjunto, estas prácticas no solo configuran los marcos de acción estatal, sino que también revelan las tensiones entre seguridad y derechos, eficacia y legitimidad, que muestran cómo la migración se ha convertido en un campo estratégico de disputa política y de reconfiguración del poder a escala regional y global. A continuación, algunos ejemplos de estas prácticas en la región.
De la gestión
En América Latina, la noción de gestión migratoria se ha traducido en la adopción de políticas y reformas institucionales que fortalecen los marcos jurídicos y los controles fronterizos, en consonancia con los modelos globales promovidos por la OIM y otras agencias internacionales. No obstante, esta adopción no siempre ha estado acompañada de una reflexión crítica sobre sus impactos sociales y éticos, ni de un compromiso real con los principios de justicia migratoria y derechos humanos.
En este marco, los Estados de la región han creado y consolidado instituciones especializadas en migración, que intensifican los controles en aeropuertos y pasos fronterizos y formalizan marcos legales que legitiman medidas restrictivas de la movilidad. Estas acciones, presentadas como respuestas técnicas y necesarias, reflejan la incorporación progresiva de la gestión como forma de control migratorio.
Un caso emblemático es el conjunto de programas y procesos de regularización implementados en México, Centroamérica y República Dominicana. Un estudio regional de la OIM (2021) identificó 57 regímenes de regularización en estos países ─de los cuales 24 fueron diseñados específicamente para atender a personas en situación irregular─. Dichos programas establecen procedimientos administrativos, requisitos, plazos, tarifas y mecanismos de atención a solicitudes, es decir, constituyen expresiones concretas de gestión migratoria operativa. Desde un enfoque de corresponsabilidad regional, estas iniciativas buscan fortalecer la administración de flujos mixtos en respuesta a las dinámicas migratorias contemporáneas (OIM, 2021, p. iv).
En México, la política migratoria ha adoptado un carácter crecientemente restrictivo, en gran parte por presiones de Estados Unidos. El despliegue de la Guardia Nacional para controlar los flujos irregulares refleja esta tendencia, con más de 150 000 deportaciones y devoluciones en 2023. Tales medidas, sin embargo, han sido ampliamente criticadas por violaciones a derechos humanos (Amnistía Internacional, 2023). Un ejemplo más reciente es el permiso temporal de protección (PTP) implementado en Panamá mediante decreto ejecutivo en 2023, orientado a personas desplazadas por conflictos o crisis humanitarias. Este instrumento representa una aplicación práctica de la gestión migratoria, diseñada con plazos, requisitos y procedimientos que buscan garantizar el acceso a derechos básicos como la residencia y el trabajo (Decreto Ejecutivo No. 112, 2023).
En el ámbito académico, Stefanie Kron (2011) analiza cómo la estrategia de gestión migratoria se materializó en el istmo centroamericano mediante marcos normativos, coordinación transnacional, mecanismos de control y cooperación técnica institucional. La autora destaca la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) como un espacio de gestión regional donde los Estados comparten estándares y prácticas con organismos internacionales. Asimismo, identifica en la ley migratoria costarricense y en los operativos fronterizos ejemplos concretos de esta institucionalización.
En Sudamérica, Fernández-Rodríguez y Célleri (2024) examinan cómo las estructuras burocráticas ─ministerios, direcciones de migración, agencias de control─ influyen en los paradigmas de política migratoria en Colombia y Ecuador, particularmente ante el desplazamiento venezolano. La gestión migratoria se evidencia en la implementación cotidiana de controles fronterizos, procesos de regularización, permisos temporales y mecanismos de monitoreo institucional. Según el autor, las burocracias nacionales actúan tanto como agentes de cambio como de reproducción del control, lo que muestra que la gestión migratoria no es neutral, sino que está atravesada por decisiones políticas, recursos y jerarquías institucionales. En Colombia, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) benefició a más de 2.5 millones de migrantes venezolanos (Resolución 971 de 2021, 2021), mientras que Haughton y Lewis señalan que la crisis venezolana también aceleró la securitización de la frontera colombo-venezolana, con lo que justifica la presencia militar en nombre de la seguridad nacional (Haughton & Lewis, 2024, p. 150).
En el Cono Sur, Trabalón (2018) analiza cómo Brasil, Chile y Argentina han regulado la movilidad mediante políticas de visado y control fronterizo que refuerzan la dimensión administrativa y discursiva de la gestión. En Chile, la nueva ley migratoria de 2022 fragiliza la estabilización del sujeto migrante, orienta sus expectativas hacia la salida del país, más que a su integración (Brower Beltramin, 2024), aunque recibió críticas por su enfoque de seguridad. En Brasil, la Portaria 666 autorizó la deportación sumaria de personas consideradas “amenazas al orden constitucional”, lo que implicó un retroceso en materia de derechos (Vargas Turriago & Borelli, 2022). En Argentina, la Ley Nº 25.871 (2003) había promovido la regularización y el enfoque de derechos (Nicolao, 2010), pero la reforma del Decreto 70/2017 durante el gobierno de Macri reinstauró procedimientos expeditos de expulsión (Arlettaz, 2021). En Ecuador, el Decreto Ejecutivo 826 (2019) impuso el pasaporte y la visa Verhu como requisitos de ingreso para la población venezolana, lo que redujo drásticamente los ingresos regulares (Acuerdo Ministerial N°0000066, 2022).
Estos ejemplos muestran que la gestión migratoria, entendida como un proceso operativo, administrativo y discursivo, se ha consolidado como un instrumento clave de control estatal en América Latina. Si bien los programas de regularización representan una de sus expresiones más visibles, el control fronterizo y la emisión de permisos reflejan una marcada discrecionalidad institucional. Asimismo, la dimensión discursiva ─centrada en la retórica del “orden” y la “seguridad”─ refuerza la legitimidad de estas prácticas, mientras que la dimensión política global vincula las políticas nacionales con las agendas internacionales de control migratorio, lo que evidencia que la gestión no opera de forma aislada, sino como parte de un entramado de poder regional y global.
De la gobernanza
La noción de gobernanza migratoria se materializa en América Latina a través de diversos mecanismos multilaterales y marcos institucionales orientados a la coordinación regional de políticas de movilidad. Un ejemplo emblemático es la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un dispositivo de gobernanza multilateral codirigido por la OIM y el ACNUR, que agrupa a agencias, ONG y gobiernos de al menos 17 países latinoamericanos. La R4V articula planes regionales de respuesta (regional refugee and migrant response plans) que unifican intervenciones en la recepción, protección, salud, refugio y reintegración, bajo criterios operativos comunes (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, 2024).
Si bien los gobiernos nacionales conservan competencias normativas, la plataforma impulsa estándares mínimos de protección y cooperación internacional, lo que evidencia que la gobernanza migratoria trasciende el ámbito estatal y requiere coordinación entre múltiples niveles: agencias internacionales, Estados receptores, países de tránsito y donantes (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, 2024). Este ejemplo encarna la gobernanza multilateral para migraciones forzadas, tal como la define la OIM.
En esta misma línea, el informe Instituciones de gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe (Headrington et al., 2025) ofrece un panorama comparativo de los procesos de institucionalización migratoria en la región. Identifica seis pilares fundamentales: i) control fronterizo; ii) protección y asilo; iii) asistencia humanitaria y desarrollo; iv) integración social; v) salud y educación; y, vi) empleo y economía. El documento destaca que los Estados latinoamericanos han fortalecido sus marcos normativos, reglamentos, instituciones especializadas y mecanismos de cooperación regional, con lo que han consolidado una gobernanza multinivel articulada entre escalas nacionales, regionales e internacionales.
Esta estructura de gobernanza, sin embargo, no está exenta de tensiones. Acosta y colaboradores advierten que, frente al éxodo venezolano, la gobernanza migratoria en Sudamérica ha sido fragmentada y contradictoria, al combinar discursos de acogida con medidas de securitización y cierre selectivo de fronteras. Según los autores,
las respuestas jurídicas ante la llegada de venezolanos no han sido todo lo abiertas que hubieran podido ser de haberse aplicado de manera correcta la definición de refugiado de Cartagena o el Acuerdo de Residencia Mercosur, para aquellos Estados que lo han ratificado. (Acosta et al., 2019, p. 24)
Un caso ilustrativo de institucionalización de la gobernanza migratoria es el de México, que adoptó la metodología de Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) de la OIM. Este instrumento permite evaluar la calidad normativa, la coordinación interinstitucional, la coherencia de políticas y la transparencia administrativa, lo que contribuye a alinear la acción estatal con los estándares internacionales (OIM, 2022). México también participa activamente en foros multilaterales como la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) y el Pacto Mundial para la Migración, aunque, como observa Domenech (2021), persisten tensiones entre las políticas nacionales de seguridad y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En Colombia, la gobernanza migratoria se expresa en el Grupo Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que opera bajo la plataforma R4V y es codirigido por la OIM y el ACNUR. Este mecanismo articula políticas entre el Estado y organizaciones multilaterales y no gubernamentales, coordina servicios de refugio, regularización y asistencia humanitaria (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, 2023). Asimismo, Colombia ha liderado el Proceso de Quito, un esfuerzo regional con Ecuador, Perú y Chile para gestionar el éxodo venezolano, aunque su implementación ha sido obstaculizada por la falta de recursos y el aumento de la xenofobia (Freier & Parent, 2019).
Otro ejemplo relevante es el Plan Patria Grande de Argentina (2006-2010), un programa de regularización migratoria para ciudadanos del Mercado Común del Sur (Mercosur) y Estados asociados. Este incluyó marcos normativos, estructuras administrativas locales y mecanismos de integración social (Perera & Velázquez, 2013). El plan permitió residencia legal, acceso a derechos laborales y tránsito regularizado, lo que se constituyó en un modelo de gobernanza regional intrazona (Cerrutti, 2009).
Asimismo, países como Chile, Brasil y Argentina han participado activamente en foros de cooperación migratoria como la Declaración de Lima, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), lo que ha promovido el intercambio de información y la armonización de criterios (Estupiñán Serrano, 2013; Stang, 2016). En el caso brasileño, los acuerdos de residencia del Mercosur han facilitado la movilidad laboral y social de los ciudadanos de los países miembros (OIM, 2018).
Estos ejemplos demuestran que la gobernanza migratoria en América Latina es un proceso heterogéneo, condicionado por los contextos nacionales, los recursos institucionales y las relaciones internacionales. Aunque la cooperación multilateral ha sido crucial para sostener respuestas coordinadas, persisten brechas en la implementación y tensiones entre control y derechos. En consecuencia, repensar la gobernanza migratoria implica reconocer su carácter político: un espacio de disputa donde se negocian significados, se confrontan intereses y se redefine el lugar de las personas migrantes en el orden internacional. Solo una gobernanza verdaderamente inclusiva, que priorice la dignidad humana y la cooperación solidaria, podrá ofrecer respuestas justas y sostenibles ante los desafíos de la movilidad en el siglo XXI.
De la gobernabilidad
La aplicación del concepto de gobernabilidad migratoria en América Latina presenta una amplia diversidad de experiencias, frecuentemente atravesadas por tensiones entre el control y los derechos humanos. En Sudamérica, el éxodo venezolano ha revelado una clara tendencia hacia el control de la migración, donde las respuestas estatales priorizan el control por encima de la integración. León Rojas (2020), en su artículo “Gobernabilidad migratoria, ¿reforzando el modelo de securitización?”, señala que en varios países del Cono Sur se han implementado políticas de cierre parcial de fronteras, controles reforzados y medidas de emergencia para contener los flujos irregulares. Este enfoque, centrado en la seguridad nacional, ha generado sobrecargas administrativas, pérdida de legitimidad institucional y tensiones en la estabilidad de los sistemas migratorios, lo que confirma que la eficacia gubernamental no siempre se traduce en legitimidad democrática (Mármora, 2010).
Una expresión común de esta lógica es la diferenciación entre migraciones “deseables” ─de alta calificación─ e “indeseables” ─irregulares o de baja calificación─, lo que configura jerarquías institucionales de movilidad (Domenech, 2018). Esta clasificación, junto con la noción de “migración ordenada”, actúa como principio normativo que legitima el control estatal y reproduce desigualdades estructurales.
En México, la gobernabilidad migratoria enfrenta limitaciones debido a la corrupción institucional y la escasa coordinación entre niveles de gobierno (Ramos, 2016). En Colombia, pese a los avances logrados con la integración de la población venezolana, persiste una capacidad institucional frágil y elevados niveles de informalidad laboral (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal] & ParlAmericas, 2024). En Chile, la falta de consenso político y el aumento de la xenofobia han erosionado la legitimidad de las políticas migratorias, lo que ha generado una brecha entre discurso y práctica (Concha Villanueva, 2018).
El caso de Argentina ilustra un tránsito significativo. La Ley N° 25.871 (2003) consolidó un modelo de gobernabilidad migratoria orientado al beneficio compartido y a la inclusión, lo que promueve derechos y estabilidad institucional (Novick, 2004). Posteriormente, sin embargo, la reforma del Decreto 70/2017 durante el gobierno de Mauricio Macri y las políticas recientes de Javier Milei revirtieron ese paradigma, lo que reinstauró prácticas securitistas y excluyentes (Nicolao, 2010; Pereira & Clavijo, 2022). Fenómenos similares se observaron en Brasil, con las políticas de deportación sumaria del gobierno de Bolsonaro (Bandeira de Mello & Gomes Saraiva, 2024), y en Ecuador, donde durante el mandato de Lenin Moreno se declaró la emergencia de movilidad humana en las provincias de mayor tránsito migratorio (Resolución Ministerial N° 152), acompañada de medidas restrictivas ante el incremento de llegadas venezolanas (Ramírez, 2020).
A nivel regional, la formulación de los Indicadores de Gobernabilidad de la Migración (IGM) por la OIM (2019) constituye un esfuerzo institucional por estandarizar métricas de evaluación. Este sistema de monitoreo busca fortalecer la eficacia administrativa, la rendición de cuentas y la transparencia ─elementos clave de legitimidad institucional─. La medición sistemática permite estabilizar las políticas migratorias, reducir su dependencia de decisiones coyunturales y reforzar la sostenibilidad del sistema.
El Plan Suramericano de Migraciones 2035, por su parte, promovido por la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM, 2025), representa un hito en la consolidación de la gobernabilidad migratoria regional. Este plan propone marcos normativos comunes, políticas fronterizas integradas y una gobernanza con enfoque de derechos humanos e integración regional (CSM, 2023). Su objetivo es que los países adopten mecanismos cooperativos y coherentes con los estándares internacionales, y consoliden una gobernabilidad que equilibre control, protección y legitimidad institucional.
En síntesis, el análisis comparativo de la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad migratoria en la región demuestra que estas categorías no se limitan a la teoría, sino que se manifiestan en prácticas concretas con resultados diversos según los contextos nacionales. América Latina oscila entre modelos securitarios, iniciativas de integración y mecanismos multilaterales de cooperación, lo que refleja tanto la heterogeneidad de las capacidades estatales como la centralidad de la cooperación internacional. Comprender la migración desde esta triple perspectiva permite identificar no solo los dispositivos de control y regularización, sino también los dilemas éticos, normativos y políticos que implican los intentos de los Estados por articular orden, desarrollo y derechos humanos en el mundo de hoy.
De la reacción social
Un aporte interesante de la perspectiva crítica de la migración que defienden autores como Mezzadra y Neilson es el planteamiento de que los migrantes no son entes pasivos ante los mecanismos de gestión, gobernanza y gobernabilidad, sino que reaccionan como los sujetos políticos que son, resistiendo y reconfigurando los regímenes de control. El mejor ejemplo de ello son las diferentes caravanas de migrantes que se dieron desde Centroamérica en 2014.
Este fenómeno nuevo ha contribuido a transformar las dinámicas de la migración irregular o indocumentada en nuestro hemisferio, la composición demográfica de los flujos migratorios y el comportamiento de las redes de tráfico ilícito de personas en las rutas de tránsito y fronteras de Norteamérica, Centroamérica y otros países (Correa-Cabrera & Koizumi, 2021). Las caravanas migrantes se convirtieron en la mejor estrategia para aquellas personas que deseaban viajar de forma aparentemente más segura por territorio mexicano y que no contaban con los recursos suficientes para pagar las cuotas que les cobraban los traficantes de personas o la delincuencia organizada.
Aunque no se percibe con claridad quién o quiénes han actuado como artífices de las caravanas migrantes, la evidencia sugiere que tales procesos no obedecen exclusivamente a dinámicas espontáneas. Por el contrario, es posible que estén parcialmente modelados por agendas u objetivos promovidos por determinados actores estatales, organizaciones o países (Correa-Cabrera & Koizumi, 2021).
Las caravanas pueden entenderse entonces como un mecanismo de acción colectiva que emerge ante la externalización y endurecimiento de los controles ─una táctica de movilidad que busca redistribuir riesgos y costos en el trayecto─ (Correa-Cabrera & Koizumi, 2021). Estudios etnográficos muestran que la caravana “nace” como respuesta a la creciente dificultad y encarecimiento del tránsito irregular, operan como forma de protección por número, coordinación y negociación en ruta (Frank-Vitale, 2023). A la vez, al sincronizar cuerpos y tiempos, la caravana interrumpe los ritmos de la gobernanza migratoria ─lo que Walker (2025) conceptualiza como un “tiempo de peregrinaje” que desordena dispositivos de control y vigilancia.
En términos operativos, viajar en caravana crea economías de escala (para comida, transporte, información), incrementa la visibilidad pública y facilita interlocución con autoridades y organizaciones de apoyo. Informes y trabajos de campo sobre las caravanas 2018-2019 documentan cómo estos contingentes negociaron pasos, accedieron a albergues, gestionaron trámites y mitigaron abusos, frente a escenarios de violencia y criminalización del tránsito (IOM, 2019). En síntesis: la densidad grupal y la visibilidad mediática funcionan como escudos parciales frente a actores estatales y no estatales, que permiten avanzar ya que mediante desplazamientos individualizados se incrementa la vulnerabilidad.
A nivel estructural, las caravanas también operan como tácticas adaptativas dentro de un juego del gato y el ratón con Estados que despliegan contención, disuasión y fragmentación (por ejemplo, presiones de Estados Unidos sobre México y el Triángulo Norte para frenar caravanas). La literatura de política pública y seguridad regional registra cómo estos dispositivos estatales ─desde retenes y contención en frontera sur hasta operativos de disgregación─ reconfiguran rutas y empujan a nuevas formas de coordinación y comunicación entre migrantes (por ejemplo, mensajería y redes sociales) para sortear cierres y shocks de política (Hale & Ma, 2023).
Por supuesto, la caravana no elimina los riesgos: la represión, la cooptación criminal, la fragmentación y la violencia letal siguen presentes, y algunos contingentes son disueltos o atacados. Sin embargo, incluso esos límites confirman su carácter estratégico: cuando la ruta individual es demasiado costosa o peligrosa, la caravana ofrece una probabilidad mayor de tránsito y protección relativa, aunque nunca absoluta (Torre Cantalapiedra, 2022). En este sentido, más que anomalías, las caravanas son estrategias sociales de movilidad que surgen y se reconfiguran en contextos de cierre fronterizo.
A modo de reflexión final, se puede decir que la “reacción social” expresada en las caravanas migrantes evidencia que los procesos migratorios no pueden entenderse únicamente desde las categorías institucionales de gestión, gobernanza y gobernabilidad que tradicionalmente han privilegiado los Estados. Por el contrario, este fenómeno muestra que la movilidad también produce formas propias de organización, decisión y acción colectiva que desbordan, tensionan y reconfiguran los dispositivos oficiales de control.
Por otro lado, se puede observar que existe una vinculación de las caravanas con la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad. En primer lugar, en términos de gestión migratoria, las caravanas demuestran que los migrantes generan sus propios mecanismos operativos para enfrentar el tránsito irregular: distribuyen riesgos, comparten costos, se protegen mediante la visibilidad grupal y negocian colectivamente con autoridades, albergues y organizaciones de apoyo. De esta manera, la “reacción social” evidencia que la gestión migratoria posee una estructuración desde abajo, fundamentada en la cooperación entre migrantes y en formas pragmáticas de organización no institucional.
En segundo lugar, la caravana reconfigura la gobernanza migratoria, entendida como el entramado de actores, normas y procedimientos que regulan el movimiento transnacional. La acción colectiva de los migrantes altera los ritmos y las capacidades de los dispositivos estatales: obliga a las autoridades a adaptar sus respuestas, genera negociaciones imprevistas y visibiliza la tensión entre medidas de control y necesidades humanitarias. La caravana, al sincronizar cuerpos, tiempos y trayectorias, interrumpe la lógica multiinstitucional.
Por último, en términos de gobernabilidad migratoria, las caravanas ponen en evidencia que la capacidad de los Estados para controlar los flujos es siempre limitada, fragmentaria y negociada. La caravana funciona, así como un ejemplo de autogobierno de la movilidad: una forma de organización horizontal que responde a los cierres, los encarcelamientos y disuasiones estatales mediante estrategias colectivas que aumentan las probabilidades de avanzar. Incluso cuando son reprimidas o dispersadas, estas dinámicas muestran que la autoridad estatal sobre la movilidad nunca es absoluta y que los migrantes poseen capacidad de agencia para reorganizar rutas, reinventar tácticas y sostener la movilidad a pesar de los intentos de contención y de coerción.
En conjunto, lo que revela esta reacción social es que los procesos migratorios contemporáneos no pueden explicarse únicamente por las lógicas de seguridad y control impuestas desde arriba. Las caravanas muestran que frente a la securitización y la externalización de fronteras emerge un autogobierno de la movilidad, capaz de desafiar, negociar y reconfigurar los dispositivos y las decisiones institucionales. Esto confirma que la gestión, la gobernanza y la gobernabilidad de la migración son campos de disputa, donde los Estados intentan ordenar los flujos, pero donde los migrantes también producen sus propias formas de organización que cuestionan, tensionan y transforman las políticas vigentes.
Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue analizar, a partir de la literatura especializada, las diferencias conceptuales entre gestión, gobernanza y gobernabilidad en el ámbito migratorio, así como el papel que desempeñan los Estados en su configuración. Esta reflexión surge de la constatación de que, tanto en la producción académica como en los discursos institucionales, estos términos suelen emplearse de manera intercambiable, lo que diluye sus diferencias semánticas y prácticas, y dificulta la comprensión de las lógicas de poder que estructuran las políticas migratorias.
El análisis comparativo de estas nociones en el contexto del control migratorio fronterizo latinoamericano demuestra que, lejos de constituir categorías neutras, operan como dispositivos discursivos y prácticos que legitiman políticas restrictivas y reproducen las asimetrías del sistema internacional. La gestión migratoria, concebida originalmente como un instrumento técnico y administrativo, ha sido cooptada por enfoques securitarios que, bajo la retórica de la eficiencia y el orden, justifican la externalización del control y la exclusión de poblaciones consideradas indeseables. La gobernanza migratoria, presentada como un modelo de cooperación multiactoral, se ve tensionada por el predominio de intereses estatales y por la tríada seguridad-desarrollo-derechos humanos, que limita su potencial transformador. Por su parte, la gobernabilidad evidencia las brechas entre legitimidad y eficacia estatal, especialmente en contextos marcados por nacionalismos excluyentes, opacidad institucional y fragilidad democrática.
Las respuestas nacionales frente a las crisis migratorias recientes reflejan la prevalencia de modelos de seguridad, en los que las políticas de contención y control tienden a imponerse sobre los enfoques basados en derechos o beneficios compartidos. De esta manera, las modalidades neoliberales de gestión, gobernanza y gobernabilidad migratoria se configuran como mecanismos de control antes que de protección, que reproducen lógicas de exclusión, vigilancia y subordinación de los derechos humanos a los imperativos de la seguridad y la productividad.
A partir de estos hallazgos, el artículo contribuye a desmitificar la supuesta neutralidad de estas categorías, al mostrar que constituyen campos de disputa política atravesados por tensiones entre fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas. Los enfoques críticos ─inspirados en perspectivas foucaultianas, gramscianas y autonomistas─ de los que se dio cuenta permiten revelar las tensiones entre el control institucional y las resistencias migrantes, donde la movilidad aparece no solo como objeto de gobierno, sino como acto de desobediencia y construcción de nuevas subjetividades políticas.
Superar la lógica de la securitización exige repensar la migración desde un paradigma de justicia global, centrado en la dignidad humana, la solidaridad y los derechos universales, más allá de los marcos tecnocráticos de gestión, la gobernanza y la gobernabilidad. Desde esta perspectiva, se abren posibilidades para articular enfoques alternativos desde la región, capaces de cuestionar el paradigma gerencialista y promover regímenes migratorios basados en la justicia social y la libre circulación.
Finalmente, se plantea la necesidad de avanzar hacia investigaciones empíricas que examinen cómo las prácticas estatales e institucionales son reapropiadas y resignificadas por las subjetividades migrantes y por la acción colectiva de la sociedad civil. Este giro analítico no solo enriquecería el debate académico, sino que también aportaría elementos para el diseño de políticas públicas más inclusivas, legítimas y sostenibles, capaces de equilibrar los imperativos de seguridad con el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes en América Latina.
Agradecimientos
Este artículo forma parte de una investigación más amplia titulada “La migración latinoamericana en tránsito por la frontera del Darién en el nuevo siglo; características, problemáticas y alternativas”, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM
Referencias
Acosta, D., Blouin, C. & Freier, L. F. (2019). La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas. Documento de Trabajo, (3). https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-emigracion-venezolana-respuestas-latinoamericanas/
Acuerdo Ministerial N° 0000066, 13 de julio de 2022, República del Ecuador. https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/0000066.pdf
Aguilar, L. F. (2007). El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (39), 5-32. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533693001
Amnistía Internacional. (2023). Carta abierta ante la cumbre regional sobre migración “por una vecindad fraterna y con bienestar” en Chiapas el 22 de octubre de 2023 (AMR 01/7334/2023). https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/10/AMR0173342023SPANISH.pdf
Arlettaz, F. (2021). Política migratoria argentina reciente: función simbólica del derecho y derechos humanos. Migraciones Internacionales, 12, Artículo 21. https://migracionesinternacionales.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/article/view/2370
Bandeira de Mello, B. & Gomes Saraiva, M. (2024). El fracaso de la política exterior populista: la política exterior brasileña en el gobierno de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022. Relaciones Internacionales, 33(67), Artículo 192. https://doi.org/10.24215/23142766e192
Betts, A. (Ed.). (2011). Conclusion. En A. Betts (Ed.), Global migration governance (pp. 307-328). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199600458.003.0014
Bigo, D. (2002). Security and immigration: toward a critique of the governmentality of unease. Alternatives Global, Local, Political, 27(número especial), 63-92. https://doi.org/10.1177/03043754020270S105
Brower Beltramin, J. A. (2024, mayo-agosto). La nueva Ley de Migración Chilena: análisis de su configuración como dispositivo de poder discursivo. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 69(251), 421-431. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v69n251/0185-1918-rmcps-69-251-421.pdf
Calame, P. (2003). La démocratie en miettes. Pour une révolution de la gouvernance. Descartes & Cie. https://docs.eclm.fr/pdf_livre/117DemocratieEnMiettes.pdf
Camou, A. (2016). Gobernabilidad y democracia (Cuadernos de Divulgación de la cultura democrática). Instituto Nacional Electoral. https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/06.pdf
Cerrutti, M. (2009, marzo). Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina (Serie de Documentos de la Dirección Nacional de Población, núm. 2). Ministerio del Interior. https://www.estadisticaciudad.gob.ar/pergamo/documento.php?ui=1&recno=2416&id=1.2416
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) & ParlAmericas. (2024). Gobernanza migratoria inclusiva en las Américas y el Caribe. Una guía para parlamentarias y parlamentarios. https://www.cepal.org/es/publicaciones/80765-gobernanza-migratoria-inclusiva-americas-caribe-guia-parlamentarias
Concha Villanueva, S. (2018). Propuestas para regular las migraciones en Chile y la obstinación del securitismo. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (23), 110-126. http://dx.doi.org/10.17141/urvio.23.2018.3571
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM). (2023). Visión regional para el abordaje de las migraciones en América del Sur. Primera propuesta elaborada para la XXI Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú / OIM. https://csmigraciones.org/sites/default/files/2023-12/2.a%20-%20PSDHM_Propuesta_.pdf
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM). (2025). Plan Suramericano de Migraciones hacia la Integración 2035: XXII Conferencia Suramericana sobre Migraciones “Hacia una gobernanza migratoria que promueva la integración, el desarrollo y garantice los derechos y la dignidad de las personas migrantes”. https://csmigraciones.org/sites/default/files/2024-12/Plan%20Suramericano%20de%20Migraciones%20hacia%20la%20Integraci%C3%B3n%202035%20CSM_1.pdf
Correa-Cabrera, G. & Koizumi, N. (2021). Explicando las caravanas migrantes: ¿hipótesis de trabajo, activismo académico o teorías conspirativas? Frontera norte, 33, Artículo e2197. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2197
Decreto Ejecutivo No. 112 de 13 de julio de 2023, que crea el Permiso Temporal de Protección, Gaceta Oficial Digital, No. 29824-B, pp. 25-27, 13 de julio de 2023 (Panamá). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29824_B/99543.pdf
Delgado Wise, R. (2018). Reflexiones en torno a la teoría y a la práctica de la relación entre migración y desarrollo: una perspectiva del Sur. Migración y desarrollo, 16(31), 13-39. https://estudiosdeldesarrollo.mx/migracionydesarrollo/wp-content/uploads/2020/06/31-2.pdf
Domenech, E. (2008). La ciudadanización de la política migratoria en la región sudamericana: Vicisitudes de la agenda global. En S. Novick (Comp.), Las migraciones en América Latina: Políticas, culturas y estrategias (pp. 53-72). Clacso / Catálogos. https://www.aacademica.org/eduardo.domenech/9
Domenech, E. (2018). Gobernabilidad migratoria: producción y circulación de una categoría de intervención política. Revista Temas de Antropología y Migración, (10), 110-118. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/93417
Domenech, E. (2021). Gobernabilidad migratoria. En C. Jiménez Zunino & V. Trpin (Coords.), Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías críticas para su abordaje (pp. 147-156). Teseo Press. https://www.teseopress.com/migracionescontemporaneas/
Estupiñán Serrano, M. L. (2013). Acerca de la gobernanza y la gestión migratoria: Crítica del papel de la OIM en el gobierno de la migración internacional y regional en Ciencias Sociales (Colección Red Clacso de Posgrados #33). Clacso. https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=829&c=22
Farinós Dasí, J. (2008). Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la cuestión y agenda. BAGE, (46), 11-32.https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/668
Fernández-Rodríguez, N. & Célleri, D. (2024). The power of bureaucracies: Shaping migration policy paradigms in Colombia and Ecuador. Migratio Studies, 12(4), Artículo mnae039. https://doi.org/10.1093/migration/mnae039
Foucault, M. (2007). Security, territory, population. Lectures at the Collège de France, 1977-1978 (G. Burchell, Trans.; M. Senellart, Ed.). Palgrave Macmillan.
Frank-Vitale, A. (2023). Coyotes, caravans, and the Central American migrant smuggling continuum. Trends in Organized Crime, 26(1), 64-79. https://doi.org/10.1007/s12117-022-09480-z
Freier, L. F. & Parent, N. (2019). The regional response to the Venezuelan exodus. Current History, 118(805), 56-61. https://doi.org/10.1525/curh.2019.118.805.56
Gammeltoft-Hansen, T. & Nyberg Sørensen, N. (Eds.). (2013). The migration industry and the commercialization of international migration. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203082737
Geiger, M. & Pécoud, A. (2010). The politics of international migration management. En M. Geiger & A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration management (pp. 1-20). Palgrave Macmillan.
Georgi, F. (2010). For the benefit of some: the International Organization for Migration and its global migration management. En M. Geiger & A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration management (Migration, minorities and citizenship, pp. 45-72). Palgrave Macmillan. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230294882_3
González Villarreal, R. (2010). Gobernabilidad. Historia, teoría y política de un concepto trivial (Colección Cuadernos digitales). UPN. https://robertogonzalezvillarreal.com.mx/wp-content/uploads/2019/09/Gobernabilidad.pdf
Hale, G. J. & Ma, J. (2023, 2 de marzo). Migrant caravans: a deep dive into mass migration through Mexico and the effects of immigration policy. Rice University’s Baker Institute for Public Policy. https://doi.org/10.25613/6FRS-8K68
Haughton, S. A. & Lewis, C. S. (2024, julio-diciembre). Colombia-Venezuela border: Securitisation of migration and Venezuela’s political crisis.Oasis, (40), 129-158. https://doi.org/10.18601/16577558.n40.07
Headrington, A. E., Muñoz Gómez, F., Chávez Villafane, G., López Villamil, S., Sarmiento, A. R. & Bueno Aguirre, S. (2025, septiembre). Instituciones de gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe (Nota Técnica No. IDB-TN-03206). Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Instituciones-de-gobernanza-migratoria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
Huergo, J. (2003). Los procesos de gestión [Material de lectura para los cursos de “Comunicación en las organizaciones públicas”]. IPAP. http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/materialesparadescargar/seminario4/huergo3.pdf
International Organization for Migration (IOM). (2019, 15 de febrero). IOM monitors new caravans of Central American migrants in Mexico. https://www.iom.int/news/iom-monitors-new-caravans-central-american-migrants-mexico
Kalm, S. (2010). Liberalizing movements? The political rationality of global migration management. En M. Geiger & A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration management (pp. 21-44). Palgrave Macmillan.
Kron, S. (2011). Gestión migratoria en Norte y Centroamérica: manifestaciones y contestaciones. Anuario de Estudios Centroamericanos, 37(1-2), 53-85. https://archivo.revistas.ucr.ac.cr//index.php/anuario/article/view/1100
Launay, C. (2005). La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e implicaciones del concepto en Colombia. Controversia, (185), 92-105. https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/221
León Rojas, A. (2020). Gobernabilidad migratoria, ¿reforzando el modelo de securitización en Suramérica? El éxodo venezolano y sus retos para el Estado colombiano. Estudios Políticos, (57), 210-228. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n57a10
López Carrizosa, F. J. (2008). El enfoque de gestión por procesos y el diseño organizacional: el caso antioqueño [Tesis de maestría, Universidad EAFIT]. Repositorio Institucional Universidad Eafit. https://repository.eafit.edu.co/entities/publication/901ce0d0-7705-4886-b7a1-85f70c8479f6
Magliano, M. J. (2015, septiembre-diciembre). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos.Revista Estudos Feministas, 23(3), 691-712. https://www.redalyc.org/pdf/381/38142136003.pdf
Mármora, L. (2010, julio-diciembre). Modelos de gobernabilidad migratoria. La perspectiva política en América del Sur. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 18(35), 71-92. https://remhu.csem.org.br/index.php/remhu/article/view/229
Mezzadra, S. & Neilson, B. (2016). La frontera como método o la multiplicación del trabajo (Colección Nociones Comunes). Tinta Limón. https://tintalimon.com.ar/public/qc353x8pkkq0njctzrjrrdb98oqk/Tinta%20Lim%C3%B3n-La%20frontera%20como%20metodo-Sandro%20Mezzadra.pdf
Neira Orjuela, F. (2023). Las tecnologías biométricas en la migración latinoamericana: el caso de Chile, Colombia y México. Ediciones Eón / UNAM.
Newland, K. (2005). The governance of international migration: Mechanisms, processes and institutions. Migration Policy Institute.
Nicolao, J. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: Reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. Convergencia: Revista de Ciencias Sociales, 17(53), 205-228. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200009
Novick, S. (2004). Una nueva ley para un nuevo modelo de desarrollo en un contexto de crisis y consenso. En R. Giustiniani (Comp.), Migración: un derecho humano. Ley de migraciones no. 25.871 (pp. 67-85). Prometeo.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018). Evaluación del Acuerdo de Residencia del Mercosur y su incidencia en el acceso a derechos de los migrantes (Cuadernos Migratorios Nº 9). https://publications.iom.int/system/files/pdf/estudio_sobre_la_evaluacion_y_el_impacto_del_acuerdo_de_residencia_del_mercosur.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2019). Glosario de la OIM sobre migración (Derecho internacional sobre migración, núm. 34). https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2021). Estudio regional: Programas y procesos de regularización migratoria. https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/estudio_regional._programas_y_procesos_regularizacion._web.pdf
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2022). Indicadores de Gobernanza de la Migración a Nivel Local Perfil 2022 - Ciudad de México. https://publications.iom.int/books/indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-nivel-local-perfil-2022-ciudad-de-mexico
Pécoud, A. (2018). ¿Una nueva “gobernanza” de la migración? Lo que dicen las organizaciones internacionales. Migración y desarrollo, 16(30), 31-43. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992018000100031
Pereira, A. & Clavijo, J. (2022, enero-junio). La excepción evidencia la regla: humanitarismo y securitización en las políticas migratorias argentinas (2015-2019). Si Somos Americanos, 22(1), 139-163. https://doi.org/10.4067/S0719-09482022000100139
Perera, M. & Velázquez, C. (2013). Impacto del programa de regularización migratoria “Patria Grande” en Argentina. Estudios Económicos, 30(61), 43-69. https://doi.org/10.52292/j.estudecon.2013.753
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. (2023, septiembre). Análisis de necesidades de refugiados y migrantes. https://www.r4v.info/es/document/rmna-2023-analisis-de-necesidades
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V. (2024, septiembre). RMNA 2024. Refugee and migrant needs analysis. https://rmrp.r4v.info/rmna2024/
Ramírez, J. (2020). De la ciudadanía suramericana al humanitarismo: el giro en la política y diplomacia migratoria ecuatoriana. Estudios Fronterizos, 21, Artículo e061. https://doi.org/10.21670/ref.2019061
Ramos, J. M. (2016, enero-junio). Gobernanza y seguridad: hacia una redefinición de la política migratoria mexicana, 2012-2014. Migraciones internacionales, 8(3), 65-94. https://doi.org/10.17428/rmi.v8i3.615
Resolución 971 de 2021, Diario Oficial, núm. 51.660, 29 de abril de 2021 (Colombia). https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_uaemc_0971_2021.htm
Said Sulleman, M. (2019). Roots of organizational knowledge in classical management theories. A literature review. International Journal of Business and Social Science, 10(10), 2-12. https://ijbss.thebrpi.org/journal/index/4320
Stang, M. F. (2016). De la doctrina de la seguridad nacional a la gobernabilidad migratoria: la idea de seguridad en la normativa migratoria chilena, 1975-2014. Polis (Santiago), 15(44), 83-107. https://doi.org/10.4067/S0718-65682016000200005
Torre Cantalapiedra, E. (2022, julio-diciembre). El estudio de las caravanas migrantes en México. Norteamérica, Revista Académica del CISAN-UNAM, 17(2), 67-89. https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2022.2.525
Trabalón, C. I. (2018). Política de visado y regulación de las fronteras. Un análisis desde la movilidad de haitianos en Sudamérica. Polis (Santiago), 17(51), 163-186. https://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/474
Vargas Turriago, A. & Borelli, S. H. S. (2022, 24 de junio). Migración y fronteras en el gobierno brasileño. Migrações em Debate. https://museudaimigracao.org/blog/migracoes-em-debate/migracion-y-fronteras-en-el-gobierno-brasileno
Walker, M. (2025). Migrant caravans and the time of pilgrimage. Migration Studies, 13(3), Artículo mnaf024. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/13/3/mnaf024/8176917?redirectedFrom=fulltext
Fernando Neira-Orjuela
Mexicano. Doctorado en estudios de población por El Colegio de México. Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es investigador nivel II del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Líneas de investigación: movilidad humana latinoamericana, problemas fronterizos latinoamericanos, migración, tecnologías y derechos humanos y población y desarrollo. Publicación reciente: Neira Orjuela, F. (Coord.). (2024). Biometría, datos personales y derechos humanos de la migración en tránsito en Colombia y México. Ediciones Eón / UNAM
 |
|---|
| Esta obra está protegida bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. |
|---|