| Reseña | Estudios Fronterizos, vol. 1, núm. 2, 2000, 185-194 |
El Poder Compartido.
Leopoldo Martínez Herrera*
Alfonso Lujambio. Ed. Océano, 2000, México. 191 pp.
* Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del 01 Distrito Federal Electoral, Mexicali, Baja California. E-mail: leomtz@jd01-bc.ife.org.mx
El libro del maestro Lujambio llegó en buen momento a las manos de los lectores interesados en los temas relativos a la democracia en particular y al cambio político en lo general.
Sin duda que el texto en cuestión de entrada llena dos expectativas primarias: La primera, que alguien con capacidad sistemática y de visión profunda, pero muy cercano a las eventos político-electorales se aboca al estudio retrospectivo y traza la trayectoria de los cambios político-electorales del país; la segunda que ya resultaba necesaria, la aparición de un documento que nos ofreciera un recuento con profusión de datos, señal inequívoca de su verdad, de los distintos eventos y procesos que han dejado constancia de los cambios en particular y en lo general de la política y de las instituciones nacionales.
Es decir, que estamos ante la presencia de un texto que más allá de reproducir los grandes trazos del tránsito institucional acota la mirada y con lente de aumento realiza hallazgos, minúsculos en la especificidad de lo local y de lo regional, adhiriéndose a la tesis de que la multiplicación de los pequeños cambios sin duda que van a motorizar los cambios de las dimensiones mayores, del país, y de las diversas instituciones nacionales.
Una pregunta que resulta de esta lectura es ¿cuál es la motivación del autor de este libro? Sin duda que tal cuestionamiento tiene varias respuestas, la más precisa, la más relevante solamente la puede contestar el propio autor. No obstante, una motivación importante es que el consejero Lujambio es un evidente demócrata y que guiado por esta profesión intenta, con convicción y contundencia, a través de los instrumentos de la ciencia y de la racionalidad, reducir al mínimo las dudas respecto a la trayectoria del verdadero cambio que han experimentado la política y algunas instituciones fundamentales del país.
Por otro lado, una motivación más es enaltecer la vertiente que ve, en el caso específico de nuestro país, a la región y a la periferia como superficies en las cuales se han fraguado y potenciado las energías del cambio político y en éste, mezclados actores, escenarios y contexto para mostrarlos como referentes y difusores de su propia mutación que han obligado a la transformación de las estructuras metropolitanas.
Resulta evidente que el texto descubre con sobrada claridad que el autor es un entusiasta creyente del modelo transicional, sin embargo, sostiene algunas variantes en relación con otros transicionistas, sobre todo, cuando asume que este proceso no se fraguó en forma voluntaria y sistemática en las altas esferas de la cúpula dominante.
Otro elemento que descubrimos es el optimismo del autor, lo cual se evidencia con frecuencia durante varias partes del texto, es decir, que las diversas fases de retroceso de la trayectoria del sistema político mexicano son compensadas con creces por aquellas de franco avance, lo cual cristaliza en resumidas cuentas en el predominio de una tendencia hacia las mutaciones progresivas de mayor democratización.
Para abordar los temas que desde la estrategia indagatoria del autor, resultan centrales a fin de explicar la trayectoria del cambio político en México, usaremos dos grandes vectores, que pueden resultar operativamente útiles y racionalmente válidos: tiempo y espacio.
El vector tiempo
La diacronía, es decir, el eje de las continuidades nos sitúan en diversos momentos en los que los avances y los atrasos, produjeron no sólo tendencias, sino momentos luminosos para el sistema político mexicano, así como momentos precarios los cuales imprimieron un ritmo a veces lento y a veces con mayor velocidad. En distintos momentos se combinaron de manera forzosa, a veces en mezcla armoniosa y en otras en franco conflicto, actores, condiciones, factores dinamizadores y regresivos así como diversos agentes y contextos, de tal manera que construyeron sus propios momentos en los cuales la mutación evidente produjo sin duda la sensación de que soplaban vientos de esperanza y de cambio; no es de poca monta y el consejero Lujambio reitera ahora lo que antes ya señaló, es el hecho de que las condiciones y los actores en conflicto hayan producido la reforma de 1963 y que dio un inicio histórico a la fase incluyente y plural de la oposición en la Cámara de Diputados, mediante los llamados de "Diputados de Partido. "Incipiente sí, y de dimensión menor, parece decir Lujambio, pero también irreversible y esto es lo importante, pues ya nadie podría detener la conquista de esta palestra, ya que se había abierto el espacio de mayor rango y significación de la institucionalidad nacional.
La reforma de 1977 parece constituir un punto de inflexión en esta trayectoria del cambio pues en ella, se establecen dos aspectos nucleares que van a incentivar dicho proceso: por un lado, se establece la "representación proporcional" en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por otro, el sistema se abría de plano potencialmente hacia el sistema de partidos incluyente con diversas y varias opciones políticas. El elemento proporcional que surge ya como una institución estable en nuestro sistema electoral va a constituir un componente de gran trascendencia para el futuro de uno de los tres poderes de la Nación como sucedió a partir de 1988 y particularmente en esta última elección de julio del 2000.
En el periodo de 1974-1977, sin embargo, ya había prendido la decisión de abrir mínimamente los cauces de la integración de las Cámaras en los Congresos locales y durante dicho periodo ya se había introducido la figura de los diputados de partido en 17 entidades de la federación.
Durante el periodo señalado, en 1976 para ser más precisos, el estado de Nuevo León, se convirtió en la primer entidad que introduce la modalidad de los regidores de partido, lo cual significó un avance de gran importancia simbólica pues se abría la posibilidad que en los reductos municipales se iniciara un proceso de pluralización.
Las reformas de 1990 y las sucesivas de 1993, 1994 y 1996 a las que podemos señalar como consecuencias necesarias de las de 1963, 1977 y 1987 no hacen sino reforzar, con algunas variantes, y a veces con rasgos sigzagueantes, la tesis que sin duda estamos ante la presencia de un proceso complejo y que atendiendo a factores dominantes y fuerzas políticas en conflicto, sin embargo, se direccionaliza hacia un régimen electoral moderno y más democrático.
Se podría debatir con el autor si no es demasiado benévolo con la trayectoria y la evolución del sistema electoral, cuando enaltece demasiado la apertura a la instancia cameral a los partidos de oposición o cuando hace algo similar con la inserción en los cabildos de los partidos de oposición a través de los regidores, pero ese es el mérito del maestro Lujambio pues nunca antes nadie había trazado integralmente el horizonte de nuestro sistema político electoral iluminando los grandes trazos que perfilan el actual sistema de reglas que regulan la lucha por el poder a partir, precisamente, de la escrutadora mirada hacia las exiguas conquistas, hacia los pequeños nichos en donde se desentraña la lucha por el poder; así el municipio, como minúscula palestra cobra un gran significado como superficie de debate y de contradicción precisamente en un ámbito tan cercano a los sentimientos y motivaciones de la comunidad.
Todo lo anterior tiene un gran significado pues la apertura a la oposición en estos ámbitos en forma temprana, nos lleva a pensar que se había iniciado aunque gradual y lentamente, el debilitamiento del sistema autoritario e impenetrable que antaño no admitía fisuras.
La aseveración a veces contundente del autor cuando señala que la transición democrática en México se inicia en 1988, precisamente a partir de la elección de presidente de la República que fue tan combatida por la oposición; y cuyos rasgos tales como la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por el partido del Presidente, así como la tremenda fractura que representó la separación de una fracción de la clase política oficial y la consolidación del Frente Democrático Nacional, no son desde nuestro punto de vista señales suficientes para sostener tal aseveración. Se considera más bien, que la cadena acumulativa de conquistas y avances que se van gestando en el sistema, tienen un significado radical, precisamente a raíz de que la reforma de 1977, prohijo una serie de cambios en dos ámbitos institucionales: la posibilidad de la pluralización de la Cámara de Diputados y la apertura a los diversos intereses societarios que quisieron incorporarse como opción política en la lucha por el poder.
Parece que los avances generales de esta reforma tuvieron su notable traducción en el Código Electoral de 1987 y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, no sin antes recordar aquellos cambios que posibilitaron la pluralidad en los cabildos en algunas entidades como Nuevo León en 1976 y la apertura a la superficie cameral de los estados entre 1974 y 1977 y que constituyen señales inequívocas de una liberalización política un tanto sigzagueante y poco notoria si se quiere, pero de gran impacto en el trayecto de las reformas políticas progresivas del país.
El vector espacio
Este nivel de interpretación lo vamos a integrar en dos componentes:
a) El espacio institucional
b) El espacio territorial
Resulta por demás interesante, pero sobre todo didáctica, la estrategia del relato que el consejero Lujambio promueve, pues además de que permite, a través del manejo del concepto de espacio, esclarecer con precisión el avance territorial de la evolución del cambio político; establece una tesis ineludible: la relación entre la acción política de los agentes y la territorialización del poder. Ésta, parece que es una nueva visión que deberá ser apropiada por otros analistas políticos como ahora lo hace el autor de El poder compartido, pues la desestructuración del sistema de dominio político, ideológico y social que ejercía el bloque dominante y que articuló una red entrecruzada de zonas y campos de intereses con efectos multidireccionales, y que obedecía precisamente a una lógica de dominio unificado y unidimensional, terminó por liberalizar en primera instancia a los sujetos individuales; una consecuencia fue que el libre albedrío político acabó por recluirse en los espacios territoriales del domicilio, del barrio, la colonia, el municipio, el Estado y la Nación.
Los cambios en el espacio institucional para el autor son de singular importancia pues permitieron romper, aunque leve y sin sacudimientos, gradualmente la monopolización de las palestras municipales, el congreso local, los gobiernos de los estados hasta llegar a su culminación con la apertura del Congreso de la Unión.
Estamos de acuerdo con el autor cuando enfatiza la relevancia que tuvo en el proceso del cambio político el hecho de que la arena institucional del congreso se fuera abriendo poco a poco, a partir de la inserción de los diputados de partido, no sólo porque ello permitió romper el modelo sovietizado de dichos recintos, sino porque también permitió que el disenso y la voz de otras posiciones y visiones de los asuntos de la sociedad, tuvieron que ser escuchadas y mezcladas con las voces del oficialismo. Por otra parte, coincido con el maestro Lujambio pues efectivamente la apertura de estas áreas institucionales a la oposición constituyeron verdaderas escuelas y una pertinente experiencia pedagógica en la cual se formaron sin duda los cuadros políticos de la oposición.
La evolución, señala el texto, en este expediente fue irreversible y ya nadie lo pudo detener, de tal manera que a partir de la reforma de 1977 que estableció el elemento proporcional así como la creación hasta cien diputados de representación proporcional de la cámara baja, se fijaron las condiciones para que el sistema de poderes nacionales experimentara una nueva experiencia dado que las elecciones futuras, darían como resultado que la composición de la cámara de representantes se constituyera cada vez más en el espacio privilegiado en donde se resolvería la orientación política nacional del Estado, así como el debate sobre los rasgos más característicos de la acción gubernamental.
A nivel incluso de la justicia electoral el cambio tocó también a las puertas de los espacios institucionales del poder judicial. Ésta, que había sido sin duda una de las más ríspidas discusiones respecto a la incursión del poder judicial en los asuntos y controversias políticas, sucumbió ante el peso de las circunstancias y los apremios históricos de los actores políticos; finalmente el sigzagueante curso que tomó el expediente de la justicia electoral pasa tímidamente por tribunales autónomos de distinta denominación y dudosa eficacia, para culminar con una fórmula mucho más prometedora por su hipotética autonomía y su potencial eficacia para cumplir con su cometido; así, después de un largo trecho, la justicia y el litigio político-electoral queda en manos del poder judicial.
Por otro lado, resulta interesante, valorar la estrategia analítica del Maestro Lujambio, al recuperar el estudio territorial del poder, práctica intelectual que en el país ha cobrado pocos dividendos, tal vez por la raquítica práctica de nuestros analistas políticos.
El texto da cuenta de la manera en que a partir de varios factores: uno, ya señalado, el desplazamiento del dominio sectorial y corporativo del PRI, y por el que la ciudadanía, el voto y la política recuperan la superficie territorial; y dos, el gradual ocupamiento merced a las tacañas reformas de los múltiples territorios municipales, por cuenta de las diversas fuerzas opositoras, van lenta, casi imperceptible pero irrefutablemente modificando el paisaje político de la Nación; una consecuencia de ello es que los partidos de oposición inician así un proceso de aprendizaje en los asuntos gubernamentales y otra es que las experiencias exitosas son valoradas por las comunidades lo que acelera el proceso de cambios en estos espacios territoriales.
Otro elemento que debemos rescatar es el ocupamiento de los territorios municipales por la oposición, generalmente han significado el cambio de expectativas partidarias hacia otra escala y así tenemos por ejemplo, el ocupamiento de la primera gubernatura de un Estado, la realizada precisamente en 1989 por un ex presidente municipal en Baja California; esta experiencia se ha repetido en varias ocasiones, tal es el caso de Francisco Barrio en Chihuahua y de Roberto Cárdenas Jiménez en Jalisco.
La inercia en la pluralización de los ocupantes de los diversos espacios institucionales va al parejo de los cambios de los ocupantes territoriales del poder y tal vez una señal previa a la culminación de este fenómeno lo representa la elección de Vicente Fox como presidente, lo fue también sin duda la llegada a la gubernatura de Cuauhtémoc Cárdenas en el espacio territorial del Distrito Federal, lo cual tiene no sólo un significado real como reducto del poder del sistema sino como elemento simbólico por ser el centro mítico de la Nación; todavía más significativo resulta que un partido de oposición al PRI, retenga en forma consecutiva dicho poder en el corazón de la capital.
En grandes trazos sintetizaríamos la obra del Maestro Lujambio pensando en un acomodo más o menos racional de las ideas y conceptos que se encuentran en ella de la siguiente manera:
Por cuanto a la estrategia del cambio en México se caracteriza por:
a) Un notorio gradualismo de los cambios con variaciones en los ritmos y velocidades (vector temporal).
b) Cada vez es más notoria la persistencia de un patrón de consenso de los principales actores políticos (condiciones del vector temporal).
c) La orientación y estrategia del cambio partieron del centro (vector espacial-territorial).
d) Los cambios reales y la potencialización de los mismos se producen de la periferia al centro (vector espacial-territorial).
e) Los cambios promocionales de mayores cambios incluso a nivel del sistema político provienen de las Cámaras de Diputados hacia los demás poderes (vector espacial-institucional).
Por cuanto hace a las metas de este cambio transicional el texto nos inspira las siguientes expectativas:
a) El cambio político que se está fraguando en el país ha promocionado en forma expansiva e intensiva la pluralidad de los agentes políticos en la disputa por el poder así como la de aquellos que ya ocupan distintos espacios institucionales.
b) Una nota distintiva sin duda es la liberación del mercado político la cual ha extendido y garantizado el surgimiento de la competitividad de los diversos actores políticos. Las reglas vigentes garantizan en consecuencia un mínimo de condiciones para que ello suceda así, como medidas de protección a efecto de que los opositores sobrevivan a la o las derrotas.
c) La construcción de un sistema político cuya tendencia acreciente el ejercicio de la responsabilidad pública de los ocupantes del poder, resulta sin embargo, un componente sustancial de un advenimiento democrático, el que sin duda seguimos esperando que suceda a plenitud en nuestro país.
Una de las cuestiones que sugiere la obra de Lujambio es que, en este tránsito largo y sigzagueante hacia la democracia, ha existido inmerso en él, incluso determinándolo una confrontación y una pugna por la "inclusión del otro" como diría Habermas, y esto vale no sólo para la inclusión real y física en los espacios institucionales de los opositores y de la diversidad sino, siguiendo otra vez a Habermas, como un pluralismo que trasciende la discusión cosmovisiva de los valores políticos hasta ese momento dominantes.
La nueva democracia que se avizora en México ¿De qué características deberá ser?. La pregunta contiene varias aristas, algunas de ellas un tanto agudas, porque no se trata solamente de hablar de democracia y repetir con simplicidad e ingenuidad su significado helénico. Chantal Mouffe señala que la democracia moderna habrá de edificarse sobre una nueva reconstrucción del ciudadano, en donde éste tenga que vérselas a la vez con su lucha liberal e independiente en diversas arenas y asumiendo múltiples intereses. Una nueva ciudadanía en la que las equivalencias múltiples permitan generar identidades y unificación de actores en la lucha por el bien de la comunidad. Es decir, concebir a la ciudadanía como un principio de articulación que afecta a las diferentes posiciones subjetivas del agente social, aunque reconociendo una pluralidad de lealtades y el respeto a la libertad individual.
Finalmente otra cuestión que es oportuno externar es ¿qué sucederá después de este último trance político-electoral? Sin duda que los aparatos del poder no podrán escapar a las complejidades de la reforma democrática, sin duda que salta a la vista que la reforma electoral deberá satisfacer varios expedientes que ahora se encuentran en el debate nacional tales como la segunda vuelta, el voto en el extranjero, la composición de la Cámara, los umbrales para tener derecho a la Cámara, la reelección de los cargos públicos. La pregunta es ¿serán sólo los partidos políticos quiénes resuelvan en sus patios interiores la profundidad y el sentido de los cambios o recuperará la sociedad y los agentes sociales, el derecho y el ejercicio para deliberar y operarlos.
Nuevamente lo que suceda después, habremos de analizarlo a través de los criterios interesantes, manejados por el autor, del tiempo y el espacio, que al fin de cuentas es allí en donde se desplaza todo tipo de existencia.
En suma que, El poder compartido es una obra imprescindible si queremos entender con claridad y precisión la naturaleza, el ritmo y la dirección de los cambios políticos del país en los últimos cuarenta años.